Los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han desmantelado una mafia dedicada a regularizar inmigrantes a través de la creación de parejas de hecho falsas, así como de contratos de trabajo inexistentes. El epicentro del grupo estaba ubicado en Figueres (Girona), donde tenían una gestoría de aparente legalidad, que utilizaban para dar de alta a personas que habían entrado en el país en situación de irregularidad, aprovechando una cartera de clientes reales, sobre todo empresas, cuya firma digital utilizaban para firmar los contratos.
Por otra parte, también falsificaban papeles que acreditaban la unión de hecho entre personas extranjeras extracomunitarias con nacionales para facilitar su regularización administrativa. En total, los investigadores identificaron 24 parejas de hecho ficticias, 16 de las cuales solicitaron y consiguieron la residencia legal. Se da el caso de que en una de estas uniones participó uno de los principales investigados del caso. En total, se han detenido 58 personas y se han identificado una cincuentena más, acusados de los delitos de falsificación documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Varias denuncias contra la misma gestoría
La investigación se puso en marcha después de que llegaran a la policía catalana varias denuncias por parte de empresas y autónomos, según los cuales habían detectado que la gestoría que tenían contratada había utilizado su firma digital para dar de alta a personas extranjeras en la Seguridad Social, haciendo ver que los habían contratado. La División de Investigación Criminal (DIC) de Girona unió fuerzas con la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal (UCRIF) de la Brigada provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, y se pusieron manos a la obra.
En total, identificaron 95 contratos fraudulentos, cuya existencia los damnificados desconocían. Tampoco reconocían la firma que aparecía en los documentos y que teóricamente era suya. Estos contratos eran de corta duración, coincidiendo con los plazos de la administración para resolver las solicitudes de residencia. Los investigadores calculan que, para hacer estos trámites, los delincuentes pedían entre 3.000 y 5.000 euros por cabeza, llegando a embolsarse 350.000 euros de beneficio.
Una banda bien estructurada
Aparte de los trabajadores de la gestoría, que se dedicaban exclusivamente a la formalización de los contratos de trabajo y de las parejas de hecho, la organización contaba con la colaboración de personas externas, que eran las encargadas de captar a los inmigrantes irregulares para ofrecerles papeles a cambio de dinero. El tercer eslabón de esta mafia era un grupo principalmente de mujeres que ofrecían sus datos con el fin de inscribirse como pareja de hecho con los ciudadanos de origen extranjero a cambio de una compensación económica.
La explotación del caso se hizo a finales del 2023. En concreto, el 21 de noviembre se detuvieron las primeras 55 personas implicadas en esta trama, y el 13 de diciembre se llevaron a cabo dos entradas y registros en el despacho de la gestoría y en la casa particular de uno de los principales sospechosos. En estas entradas se intervino una gran cantidad de documentación, y también se hicieron tres arrestos más. A estas alturas, los dos cuerpos policiales mantienen la investigación abierta y no descartan más detenciones.