La venta de productos de 'growshop' era solo la fachada. Detrás, según una investigación de la Guardia Civil y la DIC del Camp de Tarragona de los Mossos d’Esquadra, había una trama empresarial perfectamente coordinada que había convertido el suministro de material para plantaciones ilegales de marihuana a gran escala en su modus vivendi. La operación 'Krippy' ha permitido desarticular esta estructura, que operaba principalmente desde el Camp de Tarragona, con ramificaciones en Granada y también en Alemania, y que, supuestamente, había movido más de 80 millones de euros, a pesar de que la actividad económica declarada no llegaba a los 15 millones. Los negocios paralelos de la marihuana, uno de los grandes problemas en nuestra casa, empiezan a aflorar.
La investigación ha permitido destapar que las empresas investigadas no se limitaban a vender productos aislados, sino que ofrecían un servicio integral, un "kit completo", para montar y mantener plantaciones ilegales de marihuana. Suministraban iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental: todo lo necesario para poner en marcha cultivos interiores de grandes dimensiones. No era, según los investigadores, una actividad comercial ordinaria, sino una estructura orientada a facilitar la producción masiva de droga para todo tipo de organizaciones criminales, fueran de personas de nacionalidad española o también de personas albanesas, los que controlan el cultivo de esta droga en nuestra casa.
Los agentes han detenido a cuatro personas y han investigado a dos más. Dos de los arrestados, considerados los máximos responsables de la organización, de nacionalidad española, han ingresado en prisión. También se ha decretado el cese de la actividad de las empresas investigadas y el bloqueo de las cuentas bancarias y del patrimonio vinculado a la trama, valorado en unos 800.000 euros.
Una estructura sin tienda abierta al público
La clave del funcionamiento de la organización era la discreción. Las sociedades mercantiles, aparentemente independientes, funcionaban como una única estructura empresarial bajo una dirección común. Según la investigación, compartían recursos logísticos, operativos y comerciales, plataformas de venta, personal y sistemas de distribución de mercancía. Los locales no tenían una actividad comercial visible al público. Operaban habitualmente a puerta cerrada y solo abrían en momentos concretos, sobre todo para cargas y descargas de material. Esta manera de trabajar permitía mantener una apariencia de actividad empresarial legal, pero a la vez reducía la exposición y dificultaba la detección del volumen real del negocio.
La investigación ha acreditado una doble operativa. Por un lado, una venta mayorista a otras empresas, con menos margen de beneficio y con apariencia de legalidad. Por el otro, la venta directa a organizaciones criminales dedicadas al cultivo internacional de marihuana, mucho más rentable y fuera de los canales legales de facturación. Estas operaciones se hacían mayoritariamente en efectivo y sin factura para evitar su trazabilidad.
Doble contabilidad y 13 millones en dinero paralelo
El caso también ha puesto al descubierto una doble contabilidad. Una era la oficial, declarada ante la administración. La otra, paralela, recogía los ingresos procedentes de las ventas ilícitas. Según los investigadores, esta contabilidad opaca ascendía a unos 13 millones de euros. El dinero se almacenaba, se contabilizaba internamente y se redistribuía dentro de la misma trama para pagar proveedores, afrontar gastos personales e introducir progresivamente el capital en el circuito económico legal.
Durante el período investigado, las cuentas bancarias vinculadas a los principales responsables registraron movimientos superiores a los 80 millones de euros, una cifra que contrasta con los menos de 15 millones declarados como actividad económica. Esta diferencia es uno de los elementos que permitió a los investigadores dimensionar el volumen real del negocio. La trama también disponía de una filial en Alemania, desde donde replicaba la misma operativa. Esta delegación permitía ampliar la actividad a escala europea y facilitar la gestión de grandes cantidades de efectivo, aprovechando particularidades normativas en materia de pagos, según la investigación de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra.
Clientes ocultos y logística encubierta
Otro de los puntos clave era la protección de los clientes. Muchos estaban vinculados a grandes plantaciones de marihuana. Para preservar su identidad, la organización utilizaba entregas indirectas, ocultaba las direcciones finales y utilizaba intermediarios para recibir la mercancía. Según la investigación, los responsables y trabajadores de la trama conocían plenamente el destino ilícito del material suministrado y participaban en la gestión de pedidos, la fijación de precios y la logística de distribución.
El operativo se ha cerrado con trece entradas y registros: doce en el Campo de Tarragona —en Tarragona ciudad, Torredembarra, Salou y Perafort— y una en Peligros, en Granada. Los agentes. han intervenido 240.000 euros en efectivo, cuatro vehículos —dos furgonetas, un turismo y una motocicleta—, material tecnológico y abundante documentación de interés para la investigación, que seguirá por, ahora, ir también contra las personas que compraban el material para poder montar las plantaciones de marihuana.