Los Mossos d'Esquadra han iniciado, a primera hora de este miércoles, 17 de enero, un importante despliegue policial en la zona de las 801 viviendas, en el Prat de Llobregat, en torno al barrio de Sant Cosme, uno de los barrios más calientes de esta ciudad del área metropolitana de Barcelona. Casas, la mayoría de protección oficial y públicas, construidas para acoger a las personas que fueron trasladadas del chabolismo, que se ha convertido en un espacio muy complicado para la policía, que siempre que necesita entrar en el barrio lo tiene que hacer con mucha fuerza para evitar hostilidades.
Los Mossos d'Esquadra hoy han desplegado agentes de orden público, del ARRO de Metro Sud, y también se ha activado el servicio de helicóptero y de drones de la policía catalana, que, junto con los agentes de seguridad ciudadana de la comisaría del Prat y otras unidades especializadas, se ha hecho un cierre del barrio.
Aunque todavía no se ha podido conocer oficialmente cuál es la misión concreta, fuentes no oficiales han explicado a ElCaso.cat que se trata de una batida para hacer registros y posibles detenidos con relación a incidentes que se ha producido los últimos meses y en los cuales se han hecho uso de armas de fuego. Como mínimo, las últimas semanas, se han detectado dos incidentes con tiros entre familias de etnia gitana, hecho que ha obligado a los Mossos d'Esquadra a actuar.
No-go zone al lado a Barcelona
Esta zona del Prat, junto a la comisaría de la policía local y también de los Mossos d'Esquadra, se ha convertido en una zona cero, una no-go zone de manual, y que obliga a la policía, cuando se tiene que desplegar, a hacerlo con bastante fuerza para evitar incidentes. Entre otras cosas, los repartidores privados ya no entran en el barrio y los carteros de Correos, muchas veces, reparten cartas -citaciones judiciales- con protección policial.
En abril del 2023 los Mossos pudieron desmontar todo un bloque entero que estaba dedicado en el cultivo de marihuana interior. En aquella ocasión se consiguió la autorización judicial para acceder, desmantelarlo y llenarlo de hormigón para evitar nuevas ocupaciones y que pudieran volver a poner la plantación en marcha. Aquella operación tuvo dos derivadas.
Las familias que controlaban la producción de marihuana entregaron parte de la droga para evitar que los Mossos siguieran entrando a pisos -que los acababan perdiendo-, pero, por otra parte, también se generó una ola de acciones violentas de jóvenes controla la policía, que acabó con incidentes y destrozos en la misma comisaría de la policía, que tuvo que reforzar su vigilancia exterior.