Hay rincones de Cataluña donde los delincuentes creen que la policía no entrará y que pueden hacer lo que quieran. La policía, sin embargo, intenta recuperar el control de estas zonas, poco a poco y con fuerza. Este jueves por la noche, agentes de los Mossos d'Esquadra, liderados por el Grupo de Proximidad del cabo Carlos Ladera de la comisaría de Terrassa, organizaron un dispositivo de control en una zona del distrito 6 de la cocapital del Vallès Occidental que, con el paso de los años, se ha ido degradando y que la policía no quiere perder el control. Es un punto donde hay dos bares, ambos controlados por personas de nacionalidad china —uno de ellos sin licencia y seguro— y donde la parroquia se mezcla entre personas de etnia gitana y también personas magrebíes. En la misma calle, hay un bloque que está completamente ocupado, desde donde se vende crack —una de las drogas más duras— y a pocos metros hay otro piso, este controlado por personas dominicanas, que también se dedican a la venta de droga.
Seguramente sería más fácil para la policía mirar hacia otro lado, pero desde la comisaría de Terrassa se ha marcado como objetivo controlar la zona y marcar el terreno para, paso a paso, ir recuperando la calle. Los vecinos están hartos, y durante el operativo se lo explicaban a los agentes de los Mossos. Peleas, enfrentamientos, armas blancas, gritos y drogas. Los Mossos lo saben, tienen investigaciones en marcha, pero nada es más efectivo que ir picando piedra y, a la vez, demostrar, también a los vecinos, que no se abandona.
Recuperar el control de la calle y eliminar la inseguridad
Después de la reunión de preparación del dispositivo, los agentes salieron de la comisaría y, en pocos minutos, habían tomado la calle Mossèn Tatcher, esquina con la calle del Reixament, y en pocos segundos entraron en los bares La Llave y el bar La Zeta. Se identificaron a unas 25 personas, y una acabó detenida por incumplir la ley de extranjería; era un vecino de uno de los bloques que estaba en el exterior del bar inspeccionado. Además, a un hombre de nacionalidad española, con varios antecedentes, se le confiscó un arma blanca peligrosa que llevaba encima y se le denunció administrativamente. De todas las personas identificadas durante el operativo de este martes, cuatro tenían antecedentes policiales.
El operativo contó con la colaboración de agentes de paisano de la comisaría, de dos equipos de orden público de la ARRO, y también con efectivos de la Policía Municipal de Terrassa y de agentes de la Policía Nacional, competentes en la aplicación de la ley de extranjería. No es la primera vez que todos los cuerpos policiales que trabajan en Terrassa unen esfuerzos para realizar un dispositivo como este, y avisan que no será el último.
Entre los objetivos de este operativo, muy vistoso, que durante más de una hora tuvo cortadas varias calles de esta zona de Terrassa con el despliegue también de agentes de orden público, está recuperar el control de la calle. Según explica el cabo Ladera, en esta zona se había generado una sensación creciente de inseguridad entre los vecinos. Durante el operativo, se constató que esta preocupación por la seguridad era compartida por muchos residentes, que expresaban inquietud por las actividades ilícitas o irregulares en algunos establecimientos, como los dos bares que se inspeccionaron. Desde el Grupo de Proximidad de la comisaría de Terrassa, además de las acciones con la comunidad que se llevan a cabo, también quieren mostrar esta mano dura contra las acciones incívicas que generan molestias y problemas de inseguridad a los vecinos, sean recién llegados o de toda la vida, pero honrados.
Sanciones de hasta 6.000 euros
En la inspección de los dos locales, los dos bares, la Policía Municipal de Terrassa ha levantado varias actas por irregularidades. En uno de ellos, el de la calle Mossèn Tatcher, La Llave, regentado por una familia de origen chino y punto de encuentro de personas de etnia gitana, se detectó que el establecimiento estaba funcionando sin licencia y sin seguro. Los agentes de la policía de Terrassa han levantado acta y los propietarios tienen unos días para presentar la documentación que aseguran que tenían en la gestoría. Si no lo hacen, las sanciones a las que pueden incurrir, además de un eventual cierre, pueden superar los 6.000 euros.