Costará que alguien vuelva a confiar en él. El fallo, casi de principiante, aunque supuestamente llevaba años dedicándose a ello, ha permitido a los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Tarragona, desmantelar, con la colaboración de la Guardia Civil, dos entramados criminales que se dedicaban al tráfico de, sobre todo, cocaína por todo el Estado desde el Camp de Tarragona.

Quien pagará caro el error es un experimentado funcionario de la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona, sobre quien los agentes del grupo antidroga de la DIC de Tarragona, bajo las órdenes del sargento Raúl Ortega, pusieron su atención después de saber que introducía droga y objetos prohibidos en la prisión. Además, aparte de estos negocios, se había puesto a disposición de un preso que estaba en la cárcel por una investigación relacionada con el narcotráfico y el asesinato de un joven magrebí en Torrefortaque escondieron, tal como avanzó ElCaso.com, en un pozo del Perelló, en 2023.

Esta relación de confianza, convirtiéndose en su mano derecha, y una de las personas que se encargaban de mantener vivo el negocio que tenía fuera de prisión, se fue estrechando, y ha llevado a los Mossos a poder acreditar que estaba en pleno funcionamiento. Y, de rebote, también poder desmantelar una organización paralela que suministraba la droga a esta primera y que había conseguido mover casi 100 kilos de cocaína por todo el Estado cada mes con operaciones muy rápidas y efectivas, con mucha vigilancia y contravigilancia, y liderada por un grupo de funcionarios, de nacionalidad española, vinculados a la restauración y hostelería de Cambrils y Tarragona. Casualidades y buen trabajo policial que han dado, ahora, sus frutos.

La rama de Mas d'Enric

La primera fase de esta investigación se inició cuando se detectó que un funcionario introducía drogas y otros objetos prohibidos, como móviles y cargadores, en la prisión, aprovechando sus entradas y salidas del centro penitenciario. Cuando los Mossos comenzaron a investigarlo, vieron que en los últimos dos años había hecho ingresos por valor de 70.000 euros en efectivo en su cuenta corriente, en Lleida, donde vivía, sin poder justificar su procedencia. Los investigadores del grupo antidroga de los Mossos d'Esquadra de Tarragona creen que este hombre ya se dedicaba a colocar móviles en el interior de la prisión, y que con la llegada al centro penitenciario de un hombre de Tarragona, también de nacionalidad española, se le ofreció como el encargado de mover su droga dentro de la prisión, introduciéndola él, y también como colaborador logístico, consiguiéndole móviles y otros aparatos que están prohibidos en los centros penitenciarios. Ya tenía experiencia previa y le fue fácil ganarse su confianza.

El negocio se duplicó y, por causas que los Mossos todavía no han podido explicar, él mismo se delató, ingresando en una cuenta bancaria el dinero que cobraba por la venta de estos móviles —calculan que unos 400 euros por terminal— y la droga. Durante la investigación, el pasado mes de marzo, incluso fue sorprendido con un móvil que debía entregar a su líder, en la prisión de Tarragona, un hecho que ya lo dejó fuera de juego, apartado del contacto con los internos, pero todavía trabajando en la prisión.

Fue, tal como avanzó ElCaso.com, en el mes de abril, cuando fue detenido, aunque quedó en libertad con cargos. No declaró y el juez, el de Instrucció 3 de Reus, lo dejó marchar, aunque está acusado de organización criminal y delitos contra la salud pública. Ahora sí, sin embargo, fue suspendido de empleo y sueldo y no ha vuelto a Mas d'Enric. En esta fase también se detuvo al líder, este hombre que ya estaba preso, y a otras personas, sobre todo las encargadas de hacer los transportes, que también eran de la máxima confianza del líder.

Los empresarios de Tarragona y Cambrils

Ingresar dinero en efectivo, sin embargo, no fue el único error que cometió este funcionario. Durante la investigación, los Mossos detectaron que, por orden del líder entre rejas, se reunía con diversas organizaciones criminales. Lo habían detectado yendo hasta el sur del país, a las Terres de l'Ebre, para encontrarse con unos exportadores de hachís —los recordaréis del desembarco en la playa dels Alfacs— y también con una organización, ubicada en la Costa Daurada, que también llamó mucho la atención de los investigadores. Se trataba de un entramado liderado por un hombre que vivía en Salou y que, junto con otros empresarios de la zona, con restaurantes y locales de ocio, en Cambrils y Tarragona, tenían una alta capacidad para mover la droga, sobre todo cocaína, no solo por Catalunya y la parte norte del País Valencià, también en La Rioja, Teruel y Zaragoza.

Según los cálculos hechos por los Mossos, se cree que podían distribuir una media de 100 kilos de cocaína al mes que podían generar un movimiento de más de 25 millones de euros al año. Tenían buenos contactos en todo el Estado y controlaban las entradas de droga en el Puerto de Barcelona. Eran muy activos y eso sorprendió —y mucho— a los investigadores. No necesitaban grandes almacenes. Cuando querían droga, y en grandes cantidades, la conseguían muy rápido, a la misma velocidad que la podían colocar. Los Mossos también detectaron que, aunque no se trataba de una organización que hiciera asaltos, sí que tenían armas por si necesitaban defenderse de asaltos de otros narcotraficantes. Los miembros de este segundo entramado investigado hacían cientos de kilómetros cada día para mantener reuniones presenciales con líderes de otras organizaciones, siempre en lugares diferentes, escogidos a última hora y con personas que vigilaban el entorno mientras los líderes concretaban los detalles de sus operaciones de narcotráfico, sobre todo, la venta de la droga.

Pádel y poca ostentación

Estos narcotraficantes blanqueaban el dinero de la droga en sus locales en Tarragona y Cambrils y habían hecho inversiones, que todavía no se han podido rastrear, en inmuebles en Dubái y con criptomonedas. Los negocios, donde se movía mucho dinero en efectivo, eran clave para poder introducir en el circuito legal el dinero que ganaban con la droga. Los empresarios que se han arrestado vinculados a esta banda que movía droga por todo el Estado, la mayoría de nacionalidad española, supervisaban la empresa, pero no estaban en el día a día: ellos se dedicaban a comprar, vender y mover la droga, a protegerse con mecanismos informáticos y de geolocalización de la policía y otros narcos, y también a ir al gimnasio y a jugar a pádel. Los Mossos han explicado a ElCaso.com que no se trataba de personas que hicieran ostentación de los grandes beneficios que obtenían y estaban centrados en el negocio, ilícito, pero negocio al fin y al cabo.

La investigación permitió también encontrar instalaciones dedicadas al cultivo de marihuana, como en Les Franqueses del Vallès, en el Vallès Oriental; un gran número de vehículos a nombre de terceras personas o empresas, así como pisos, almacenes, locales y establecimientos comerciales que utilizaban muchas veces para mantener reuniones. El entramado desmantelado por los Mossos estaba totalmente jerarquizado, con una distribución de funciones.

Uno de los papeles más importantes entre los miembros de la organización lo tenían los transportistas de la droga y dinero, una tarea que realizaban los mismos empresarios, no solo eran inversores, también se arremangaban. Conocían la ubicación de las guarderías, así como los puntos de encuentro con los proveedores de droga y los clientes de la organización. Se encargaban tanto del transporte de grandes cantidades de droga como del dinero que generaba su actividad delictiva. Para realizar su tarea con seguridad, utilizaban vehículos modificados con compartimentos ocultos que se abrían y cerraban a través de sistemas hidráulicos activados por Bluetooth desde un terminal móvil encriptado. La gran generación de beneficios permitió invertir en seguridad, también con móviles que un informático —que todavía no ha podido ser arrestado— conseguía borrar para evitar que la policía pudiera investigarlos si eran detenidos.

Explotación del caso

Con la rama de Mas d'Enric fuera de juego —el funcionario ya desarticulado, y parte de la organización desmantelada— los Mossos terminaron la investigación de esta segunda organización, que habían conocido a raíz de seguir al funcionario. Aunque durante algunos meses la investigación estuvo parada, ya que los narcos detectaron a los Mossos vigilándolos, a principios de mayo se pudo cerrar el círculo y perfilar claramente cómo funcionaba la organización, y se explotó el caso para acabar con toda la segunda organización de distribución de cocaína, una de las más activas detenidas por los Mossos d'Esquadra en Catalunya.

Se realizaron siete entradas y registros, cinco de ellas en el Camp de Tarragona —en Salou, el Catllar, Segur de Calafell y Cambrils— y dos en las localidades de Borriana y Montserrat, en el País Valencià. En esta fase se detuvieron a siete personas de entre 43 y 58 años y se intervino un arma corta de fuego municionada y con un puntero láser, dos cargadores, un chaleco reflectante del Cuerpo de Policía Nacional, una pistola de airsoft, una máquina contadora de dinero, 13.300 euros en metálico, varios terminales de teléfono móvil, pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, un cultivo interior de marihuana con 111 plantas y un turismo preparado para transportar droga. También se desmanteló un taller mecánico de vehículos, que operaba de manera ilegal, y donde se manipulaban los coches para fabricar dobles fondos —“caletas”— muy sofisticadas, donde poder ocultar la droga u otros efectos, para evadir la acción policial en caso de ser registrados, y que se activaban con Bluetooth.

En total, sumando las dos organizaciones —la de Mas d'Enric, con el acusado del asesinato de Torreforta (que acabó en el Perelló) y el funcionario, y la de los empresarios de la noche tarraconense que dedicaban horas extra al tráfico de cocaína— se han detenido a quince personas, de las cuales tres siguen en prisión, según el TSJC, sin fianza. También se han intervenido 700.000 euros en metálico, más de quince kilos de cocaína de alta pureza —llegaba directamente desde América, aseguran los Mossos—, dos armas cortas de fuego reales y munición, unos cuatro kilos de hachís, varios kilos de marihuana, drogas sintéticas (MDMA y éxtasis), cuatro vehículos modificados con compartimentos ocultos, teléfonos encriptados, y documentación de la actividad criminal de las organizaciones investigadas que han servido también a los servicios centrales de los Mossos, con la inteligencia recogida, para abrir nuevos casos y nuevas investigaciones.