Los vecinos de Les Borges Blanques (Lleida) ya pueden respirar un poco más tranquilos. Este lunes, 1 de diciembre, se ha llevado a cabo el desalojo del conflictivo bloque de pisos ocupado en el número 83 de la calle Santiago Rusiñol que en los últimos dos años no había hecho más que traer quebraderos de cabeza a los vecinos. Todo empezó en enero de 2024 a raíz de la llegada de unos 50 miembros de una misma familia de etnia gitana que fueron desterrados de la ciudad de Tarragona. Durante los primeros meses, el número de hechos delictivos en la zona se incrementó de forma elevada, especialmente los robos y la quema de coches.
De los 77 pisos del inmueble, de los cuales la gran mayoría eran propiedad de una entidad bancaria, más de cuarenta estaban ocupados ilegalmente. Los vecinos, hartos de la situación, se movilizaron y realizaron concentraciones para intentar echarlos. Sin embargo, la situación no fue a mejor y los problemas y los episodios conflictivos continuaban. Un incendio en el edificio dejó cinco personas heridas, mientras que también se produjo un atropello intencionado a las puertas del bloque que acabó con tres heridos y dos hermanos detenidos. En otra ocasión, los Mossos también tuvieron que intervenir en el edificio para evitar el suicidio de una mujer, que amenazaba con tirarse al vacío desde la azotea.

Declaran el edificio inhabitable
Finalmente, después de más de un año, el pasado mes de agosto el Ayuntamiento declaró el bloque inhabitable por las deficiencias detectadas. Se hizo un primer desalojo voluntario, en el que la gente que vivía allí tenía hasta 30 días para marcharse del edificio. Una vez expirado el plazo, se puso en marcha una segunda fase en la que se procedía al desalojo de los vecinos, de hasta diecinueve viviendas, que habían optado por quedarse, esta vez con la necesidad de hacerlo con una autorización judicial. El dispositivo se ha llevado a cabo este lunes con un importante despliegue de los Mossos d’Esquadra, con furgonetas de la ARRO, y los vecinos han llevado a cabo el vaciado de los pisos sin incidentes destacables a pesar de la oposición de los inquilinos a marcharse
Según ha explicado el alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, se tuvo que informar del número de inquilinos y también de las alternativas residenciales trabajadas. En este documento se informaba de que en el bloque había tres grupos de familias y de estas, nueve familias tenían "alternativas habitacionales" aunque todavía mantenían "algún vínculo" con el edificio. Había un segundo grupo vinculado al barrio de Camp Clar de Tarragona, y un tercer grupo que era prioritario para el consistorio. De este tercer grupo, formado por cuatro familias, un vecino murió hace dos semanas y otro ha ingresado en una residencia de Artesa de Segre. Las otras dos familias ya tienen alternativas, según el alcalde. Además, desde el consistorio también se ha actuado como mediador con un propietario que ya reside en la nueva vivienda y un cuarto vecino que está a la espera de obtener una.
Farran ha criticado la falta de recursos de un municipio de 6.500 habitantes para abordar la problemática y ha dejado claro que "tenemos las alternativas que tenemos como ayuntamiento". Una vez desalojado el edificio, tal como preveía el decreto de inhabilitación firmado en agosto, se reclamará al actual propietario que comience las obras de rehabilitación en un plazo máximo de dos meses. Una vez hechas las obras, se adecuarán pisos sociales y también se dará prioridad al piso de una propietaria que ahora tiene que marcharse, pero aún paga la hipoteca.



