La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a 22 años y ocho meses de cárcel a un hombre por disparar contra siete agentes de la Guardia Civil que entraron a su domicilio para detenerle. Una ruptura sentimental, el desencadenante.
Tiroteo tras una ruptura sentimental
El juez considera que el suceso fue consecuencia de un clima de enfrentamiento grave y amenazas entre dos familias de etnia gitana de las localidades de Puertollano y Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), tras la ruptura sentimental de una pareja formada entre miembros de las mismas, relata Telecinco.
Los agentes procedieron a registrar el domicilio de los acusados A.G.R. y M.A.C.R., así como la vivienda de la otra familia. La solicitud policial estaba destinada a intervenir armas de fuego y armas varias para prevenir un enfrentamiento entre ambas familias.
Guardia Civil / Europa Press
El 4 de agosto de 2016 quisieron entrar al domicilio de los acusados, en Argamasilla de Calatrava. Fueron uniformados completamente a tal efecto. Escudo balístico, chaleco antibalas y casco antidisturbios. El acusado A.G.R., con la evidente intención de quebrantar el principio de autoridad y matar a los agentes intervinientes, provisto de una escopeta de caza del calibre 12 con cañones paralelos, disparó contra ellos. Alcanzó a cinco agentes y algunos cayeron al suelo. Después se retiraron e iniciaron un tiroteo.
Tres de los disparos alcanzaron al acusado, quien se refugió en la cocina y emprendió la huida por una ventana hacia el tejado del edificio, siendo finalmente detenido, no sin antes forcejear fuertemente con los agentes que le perseguían, según Telecinco.
La acusada M.A.C.R. efectuó repetidos y graves actos de violencia física y verbal contra los agentes y también fue arrestada.
Máximo de 12 años de cárcel
Según la sentencia, el acusado A.G.R. es responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro de atentado contra la autoridad (5 años más).
También es culpable de otros cuatro delitos de homicidio en grado de tentativa, condenado a cuatro años de cárcel por cada uno de ellos; a lo que hay que sumar un año más de pena por un delito de receptación y otros ocho meses por tenencia ilícita de armas.
A pesar de todas las penas impuestas, el máximo de cumplimiento ascenderá a 12 años de prisión. Además, tendrá que indemnizar a los agentes por una suma total superior a los 14.000 euros por las lesiones ocasionadas.