Los Mossos d’Esquadra han destapado una trama criminal dedicada a empadronar personas de manera fraudulenta en pisos del Baix Maresme, en Barcelona. La Unitat d'Investigació (UI) de Premià de Mar detuvo el pasado 15 de diciembre a diez personas como presuntas autoras de diversos delitos, entre ellos falsedad documental, usurpación de identidad, estafa, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal, según han explicado los Mossos hoy en una nota de prensa.

La investigación arrancó a principios de septiembre, cuando varios propietarios de viviendas del Maresme alertaron de que en su domicilio constaban empadronadas personas que no vivían allí. Las sospechas se confirmaron al recibir notificaciones por carta del CatSalut a nombre de terceros, personas desconocidas. Los investigadores comprobaron rápidamente que no se trataba de casos puntuales, sino de un entramado organizado que operaba en varios municipios de la comarca y que gestionaba la estafa desde el barrio de Sants de Barcelona.

Hasta 800 euros por empadronamiento

Según ha podido acreditar la policía, la trama seleccionaba viviendas concretas e identificaba a sus propietarios consultando el registro de la propiedad. Con estos datos, falsificaban contratos de alquiler utilizando el nombre de agencias inmobiliarias reales, ajenas a los hechos. En los contratos figuraba como arrendador el propietario real —sin que tuviera conocimiento alguno— y como arrendatario una persona vinculada al grupo criminal.

Con el contrato falso bajo el brazo, el supuesto inquilino, que era un miembro de la misma organización, se presentaba en el ayuntamiento del municipio donde estaba el piso para empadronarse en el domicilio. Una vez conseguido, se empadronaban otras personas en situación administrativa irregular, todas ellas extranjeras. En algunos pisos se han detectado hasta diecinueve personas empadronadas, y en otro, quince. Por cada empadronamiento, la red cobraba entre 450 y 800 euros, lo que habría generado unos beneficios que se elevan hasta los 100.000 euros.

La mayoría de personas empadronadas son originarias del sur de Asia, de Nepal, de la India, de Pakistán y de Bangladesh, pero también de Marruecos y, gracias a este trámite irregular, podían acceder a la tarjeta sanitaria y a otras gestiones administrativas. Por este motivo, los investigadores atribuyen también a la trama un delito contra la Seguridad Social, según ha podido saber ElCaso.com.

29 propietarios afectados

La investigación ha permitido detectar la falsificación de contratos de alquiler en una veintena de inmuebles situados en Montgat, Tiana, Vilassar de Mar, el Masnou, Premià de Mar, Teià y también en Castelldefels. En total, 134 personas han resultado afectadas, con la doble condición de víctimas y, a la vez, autoras de un delito penal. Además, hay 29 propietarios que han sido víctimas directas de la usurpación de su identidad, en este caso, como víctimas, ya que no sabían que en su casa se iban empadronando personas que ni conocían. Al recibir las cartas fue cuando pusieron el grito en el cielo, hecho que ha permitido a los Mossos de Mataró desmontar este entramado criminal que se aprovechaba de los inmigrantes sin papeles para ganar dinero.

Las diez personas relacionadas con el caso, todas de nacionalidad española y con diversos roles dentro de este entramado, fueron detenidas el 15 de diciembre en diversos puntos de Cataluña: una en Santa Coloma de Gramenet, una en Parets del Vallès, una en Gavà y siete en Barcelona, en la zona del barrio de Sants. Todas ellas pasaron a disposición judicial el 17 de diciembre en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Mataró y dos han acabado en prisión, según ha podido saber ElCaso.com.

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