La Guardia Civil y la Policía Nacional, junto con la Policía Nacional de Colombia, han conseguido desmantelar el grupo criminal que se dedicaba a captar trabajadores en este país de Sudamérica para traerlos hasta Catalunya y explotarlos en cuatro restaurantes de Torredembarra, trabajando quince horas al día por solo 20 euros al mes. La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando otros restauradores de este municipio de la Costa Daurada empezaron a sospechar que los establecimientos tenían demasiado personal para el tipo de negocio que era y lo denunciaron a las autoridades.

Restaurantes cerrados y decenas de trabajadores rescatados

Después de meses de indagaciones, en abril de 2024 se pudieron clausurar los cuatro restaurantes y se detuvo a la cabecilla de la organización, así como a una quincena más de implicados, y se pudieron liberar a 25 de las víctimas. La investigación, sin embargo, siguió en marcha y en julio de 2025 se pudo rescatar a una treintena de víctimas más y se arrestó a diez personas que pertenecían al entramado criminal, nueve de ellas en Torredembarra y Tarragona y otra en la localidad de Arganda del Rey, en Madrid, donde el grupo también tenía algunos restaurantes.

El caso siguió bajo investigación con el objetivo de descabezar el grupo criminal, ya que el primer escalón de la organización, que se dedicaba a localizar, seleccionar y captar a las víctimas, estaba asentado en Colombia. Finalmente, de forma simultánea, se ha detenido a cinco personas y se han realizado cuatro registros en la ciudad de Bogotá, mientras que en Catalunya se ha detenido a tres personas en Tarragona —una mujer española de 54 años, una mujer colombiana de 41 años y un hombre colombiano de 45 años— que ya han sido entregados a la Audiencia Nacional porque tenían una orden internacional de detención emitida por las autoridades colombianas. De momento, no se descarta que pueda haber más detenciones.

Explotados trabajando quince horas al día por 20 euros al mes

Los cabecillas del grupo criminal establecidos en Colombia se dedicaban a captar personas vulnerables económicamente en su país y les ofrecían falsas oportunidades de formación académica y trabajar con contratos de prácticas en el Estado. La misma organización se encargaba de realizar todas las gestiones necesarias, lo que a la larga suponía una deuda económica para la víctima que utilizaban como medida de control y coacción. Cuando llegaban a Catalunya, sin embargo, la realidad que se encontraban era muy diferente. Los cursos que debían realizar no existían y pasaban a ser explotados en cuatro restaurantes de Torredembarra en unas condiciones muy lejos de las acordadas.

Las hacían trabajar sin contrato y sin legalizar su situación en el Estado. En lugar de las cuatro horas diarias y dos días de descanso que les habían prometido, trabajaban jornadas de sol a sol de quince horas y de lunes a viernes, sin la posibilidad de tener ningún día de fiesta ni vacaciones. Todo por solo un sueldo de 20 euros al mes, ya que el resto hasta llegar a los 500 que les habían prometido se los deducían de la deuda que habían contraído por el viaje desde Colombia. Para tenerlos controlados, además, los obligaban a vivir hacinados en pisos que tenía la misma propietaria de los restaurantes.