Los Mossos d'Esquadra desmantelaron el pasado 29 de junio once plantaciones de marihuana ubicadas en la comarca de La Selva, pero también en el Baix Empordà. En la operación policial detuvieron a catorce hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre 21 y 56 años, acusados de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La mayoría de estas plantaciones estaban ubicadas en chalets en urbanizaciones de la zona. Los domicilios para llevar a cabo la actividad delictiva eran propiedad del banco o de particulares, por lo tanto, estaban ocupados. Otros, sin embargo, sí que estaban alquilados de manera legal con el fin de evitar ser objeto de procesos judiciales.

El grupo criminal era "franquiciador" de plantaciones

El suministro eléctrico estaba pinchado y habían convertido los hogares en grandes plantaciones. Para hacerlo, los responsables hacían agujeros para pasar las instalaciones o bien rompían puertas y ventanas. En la zona, la mayoría de viviendas construidas estaban destinadas a ser segundas residencias o casas con finalidades turísticas, pero quedaron abandonadas. En este escenario, los miembros de la organización criminal ejercían de "franquiciadores" de plantaciones de marihuana, es decir, ayudaban en otros grupos criminales más pequeños a entrar en el negocio, como una red. En estos casos, a cambio de un precio establecido, los nuevos grupos criminales eran los que explotaban las plantaciones. De esta manera, las organizaciones se organizan con una estructura tradicional del negocio, un hecho que comporta que la mayoría de los detenidos no tengan antecedentes policiales anteriores. De hecho, de los catorce detenidos, doce no tenían ningún antecedente policial, mientras que dos tenían uno y otros dos tenían cuatro, la mayoría por hechos similares.

Unas cifras de beneficios astronómicas

Con respecto a beneficios económicos, la venta de la droga intervenida en el operativo policial alcanzaría en el mercado ilegal español unos 750.000 euros anuales, mientras que si las sustancias se vendieran a países del norte de Europa, la cifra sería mucho más impactante: alrededor de 2,2 millones de euros. Para hacer esta estimación, se han tenido en cuenta los kilogramos de los ovillos que se obtendrían por término medio de las 5.832 plantas intervenidas en las diferentes plantaciones y, posteriormente, se realiza la extrapolación en tres cosechas anuales, rentabilidad usual de una plantación. A esta cifra se han añadido los 20 kilogramos de ovillos intervenidos también.

Los agentes pusieron en marcha una investigación

La investigación se inició el pasado mes de febrero. Los investigadores tuvieron acceso a una información según la cual un grupo de personas explotaban plantaciones interiores de marihuana en varias poblaciones de la comarca de la Selva y, en uno de los casos, al Baix Empordà. Los agentes empezaron a llevar a cabo vigilancias en torno a los inmuebles, a pesar de la dificultad que representaba su ubicación, ya que se trataba de lugares de difícil acceso y en calles poco transitadas. Ante las evidencias de plantación de marihuana, el 29 de junio se llevó a cabo el dispositivo policial bajo la tutela del Juzgado de instrucción número 3 de Santa Coloma de Farners. En total se llevaron a cabo once entradas y cacheos en domicilios situados en las poblaciones de Lloret de Mar, Vidreres, Maçanet de la Selva y Romanyà de la Selva.

Aparte de drogas, también encontraron armas

En uno de los domicilios de Lloret de Mar, los policías intervinieron una pistola del calibre 22, una de aire comprimido y un machete. Aparte, también recuperaron un ciclomotor sustraído en noviembre de 2021, que estaba aparcado en la vía pública en Mataró, motivo por el cual se investiga a dos de los detenidos, un hombre y una mujer de 39 y 40 años, por un delito de hurto de uso de vehículo y por un delito de tenencia ilícita de armas. En otra vivienda de Lloret de Mar uno de los detenidos, de 25 años, agredió un agente de la policía mientras se llevaba a cabo el asalto y se aseguraba el domicilio durante la entrada y cacheo, causándole lesiones leves. Por este motivo, también ha quedado investigado por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Todos los detenidos pasaron a disposición judicial el 30 de junio y el juez decretó prisión para dos de los hombres y libertad con cargos para el resto.