Nueva operación policial contra los grafiteros que los últimos meses han generado desperfectos en los trenes y estaciones de Catalunya. De manera conjunta, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana han detenido a 21 personas, en Barcelona, en Vilanova i la Geltrú, en Tarragona y en Madrid a quienes se atribuyen delitos de daños cometiendo estas prácticas, causando daños materiales valorados en más de 1.000.000 de euros. La mayoría son extranjeros instalados en Catalunya y que se desplazan por toda Europa haciendo estas pintadas. Entre los detenidos hay algunos de los presuntos autores de los actos vandálicos llevados a cabo el pasado 21 de enero en l'L4 y L2 del Metro de Barcelona, obligando a parar la circulación en estas líneas, y también de los desperfectos en las instalaciones del alcantarillado municipal ubicadas en el Paseo Sant Joan, tal como han detallado fuentes de la policía catalana en un comunicado.
Del tren a Instagram
Desde el año 2023 se ha registrado un aumento a Catalunya de las acciones de vandalización de trenes y metro, llegando a cometer episodios de pintadas por parte de gran número de personas simultáneamente que acababan provocando daños materiales, tal como ellos mismos publicaban en las redes sociales. El dispositivo se ha desarrollado en dos fases: la primera destinada a identificar a los presuntos autores de los daños, y la segunda, y una vez identificados, localizarlos y detenerlos. Las pintadas, muchas veces, acaban publicadas en Instagram u otras redes sociales, y se hacen con firmas, que han permitido a los investigadores poder atribuir las pintadas a conocidos grafiteros.
Además, el impacto de estos hechos afecta directamente el servicio de tren y metro, provocando retrasos y paradas a las líneas, comportando un perjuicio para los usuarios del servicio. Estos episodios se extendieron también a infraestructuras ferroviarias de las ciudades de Copenhague (Dinamarca), Malmö (Suecia) y Oslo (Noruega).
Barcelona, capital del grafiti vandálico
Se ha podido acreditar que la gran mayoría de los investigados tenían residencia en Catalunya. Estas personas se desplazaban también a diferentes ciudades del resto del estado y de otros países de Europa para llevar a cabo sus acciones. Esta itinerancia delictiva ha dificultado la identificación de los autores y la persecución de estos delitos. Los investigadores no lo han tenido fácil para poder localizarlos, acreditar los hechos y poder llegar a detenerlos. Ninguno de ellos ha ingresado en la prisión.