La Fiscalía de un tribunal militar de Sevilla pide nueve meses de prisión para una agente de la Guardia Civil que se quejó de la peste y poca higiene de su superior.
Una guardia civil puede ir a la prisión
La Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla ha pedido una pena de nueve meses de prisión para una agente de la Guardia Civil, por un delito de injurias a un superior al que escribió que era "poco limpio" y desprendía un "fétido olor".
Se enfrenta a un delito de injurias por quejarse del mal olor de su superior / Archivo Europa Press
En el escrito, la acusada señala que "cada vez que se ha mostrado como a instructor, lo ha hecho de forma olvidada y poco arreglada, con mal olor y un cerco de sudor bastante desagradable bajo los brazos, manchando así toda la uniformidad de este cuerpo y despreciando la misma con un fétido olor, siendo bastante desagradable", según consta en las pruebas del caso.
El destinatario del escrito es un comandante de la Guardia Civil que fue designado como instructor de varios expedientes disciplinarios abiertos a la agente, María Luisa, por la supuesta comisión de "falta grave" y que ella recusó.
Se queja del olor de su superior
La Fiscalía Jurídico Militar del Tribunal considera que el escrito contiene "manifestaciones y expresiones de contenido injurioso" hacia el oficial, unos hechos que suponen un delito de injurias a un superior.
Por eso, pide una pena de nueve meses de prisión, además de suspensión de su puesto de trabajo.
La fiscalía pide nueve meses de prisión para la agente de la Guardia Civil que acusa de mal olor su jefe / Pixabay
Por su parte, el abogado del oficial demandante solicita dos años y medio de prisión y una indemnización de 15.000 euros en concepto de daños morales.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil se ha mostrado en contra de la aplicación del Código Penal Militar y, según han señalado desde el área de Igualdad, este tema se podía resolver suspendiendo a la agente con entre cinco días y un mes sin sueldo y trabajo o con la pérdida de destinación, "sin necesidad de llevarla a la prisión".
Se negó a reducir la protección a una víctima de violencia machista
Este caso se suma a las anteriores quejas de la misma agente, que hace años que lucha dentro del cuerpo militar por varias acusaciones contra ella.
Los hechos de los cuales lo acusan se remontan en 2017 cuando la agente, destinada a Chipiona (Cádiz) y encargada del área de violencia de género, se negó a quitar protección a una víctima.
Recibió la orden de bajar el riesgo a una joven de la localidad que había denunciado amenazas de muerte y agresiones por parte de su pareja. Y ella dijo que no.
El agresor, que fue detenido, había anteriormente amenazado a la agente, dañando su vehículo.
Persecución dentro del cuerpo de la Guardia Civil
Estuvo entonces cuando María Luisa solicitó la activación del protocolo de protección en agentes de la autoridad.
Y en cambio y "en contra de su voluntad" -según las alegaciones de su abogado- fue citada para ser evaluada médicamente dentro del cuerpo.
El diagnóstico, contra el cual ella mostró "su frontal oposición", fue de estrés, recetando su baja laboral.
A partir de entonces, la mujer declara que ha sufrido una situación de "persecución implacable" con la apertura de expedientes disciplinarios por "falta muy grave" por haberse negado a posteriores reconocimientos médicos, "sin causa que lo justificara", de los cuales la mayoría han sido archivados.