La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a los padres de una menor de edad que habían vendido a su hija por 5.000 euros a un hombre de 22 años con quien la obligaron a casarse y a convivir. La transacción se produjo en octubre de 2021, cuando la chica tenía 14 años, pero no fue hasta el pasado 3 de diciembre, días después de haber conseguido escapar, que se presentó en comisaría para denunciar los hechos, acompañada de dos personas adultas que la habían ayudado y le habían dado alojamiento los últimos días.
Maltratada, violada y obligada a vivir en una furgoneta
Según explicó la adolescente a los agentes policiales, durante más de dos años, fue obligada a vivir en pésimas condiciones en una furgoneta mientras se dedicaba a ir recogiendo chatarra, tanto en Sevilla como en Cádiz, manteniendo un estilo de vida muy precario. Además, durante los más de tres años de matrimonio obligado, su marido la maltrató física y psicológicamente, además de haberla agredido sexualmente. Finalmente, sin embargo, consiguió escapar y encontrar protección. No obstante, el 3 de diciembre, sus padres denunciaron la desaparición y, ante el temor a que la encontraran y la obligaran a volver con ellos, fue a la policía a explicarlo todo. De hecho, también les detalló que no era la primera vez que sus progenitores la vendían y que su padre ya había dejado que otro desconocido la violara cuándo tenía 12 años.
Ante esta confesión, los agentes de la Policía Nacional abrieron diligencias con el fin de identificar y localizar a los padres de la chica, que se acabaron presentando voluntariamente en comisaría dos días después. Finalmente, los dos progenitores, así como el marido de la menor, quedaron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de seres humanos con fines de matrimonio forzado, así como agresión sexual y explotación laboral. El padre ha ingresado en prisión, mientras la madre y el marido han quedado en libertad con cargos. El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cádiz ha asumido el caso mientras la Fiscalía de Menores y la Fiscalía Provincial continúan con las diligencias y se ha decretado mantener en secreto la ubicación de la menor para proteger su integridad física y psicológica.