La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a cuatro personas acusadas de explotación laboral en seis locales de comida rápida repartidos por los municipios de Mollet del Vallès, Parets del Vallès y Martorelles, en el Vallès Oriental; de Mataró (Maresme); y de Torelló (Osona). Los agentes han podido identificar hasta 20 trabajadores, que estaban sometidos a condiciones laborales prácticamente de esclavitud, con jornadas de 24 horas cada día de la semana y sin recibir ninguna compensación económica. De las víctimas liberadas, cuatro se encontraban en situación irregular en el país.
La investigación se inició el pasado mes de enero cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en varios locales de comida rápida tipo kebab había trabajadores presuntamente explotados. Después de llevar a cabo las comprobaciones pertinentes, solicitaron una orden de entrada y registro a seis de los locales, todos regentados por la misma persona, e identificaron tanto a los empleados como al propietario, así como a tres personas que trabajaban como encargados.
Condiciones lamentables
Las pesquisas revelaron unas condiciones laborales deplorables. Las víctimas, todas de origen extranjero y algunas de ellas sin documentación de residencia válida, estaban obligadas a trabajar los siete días de la semana, con disponibilidad de 24 horas y jornadas larguísimas. Además, no les pagaban el sueldo, y si lo pedían, los responsables les amenazaban con denunciarles a las autoridades para que los deportaran a sus países de origen.
Estas personas vivían en los mismos locales donde trabajaban, apiñados en pequeñas habitaciones sin ventilación y durmiendo sobre colchones tirados por el suelo entre maquinaria peligrosa destinada a la cocina. Ninguno de ellos estaba dado de alta en la Seguridad Social, por lo que, en caso de sufrir un accidente laboral, tampoco podían recibir la atención médica necesaria.
La explotación de la operación se saldó con la detención del propietario y de los tres responsables de los establecimientos. Los cuatro fueron acusados por un delito contra el derecho de los trabajadores y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. Después de pasar por comisaría para ser interrogados, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Mollet del Vallès, que decretó su puesta en libertad con cargos.