Desde mayo de 2022, cuando fue detenido en Palafrugell (Girona), que la Policía Nacional española ha trabajado para retornar a su país, en Honduras, a un hombre que estaba en busca y captura por las autoridades de allí por un presunto delito de pornografía infantil. Con la colaboración de la policía local de este municipio del Baix Empordà, lo detuvieron cuando intentaba robar en un centro cívico de la población. Lo pillaron cuando intentaba acceder al interior del recinto, para llevarse ordenadores portátiles.
En el momento de ser arrestado, la Policía Nacional confirmaron que el hombre estaba en situación irregular en nuestro país e iniciaron los trámites para poder identificarlo y aclarar a quien era y si tenía, en su país de origen, alguna cuenta pendiente con la justicia. Y así fue. Se pudo saber que estaba siendo investigado judicialmente por un delito de pornografía infantil, además de otros contra el patrimonio. Se inició en aquel momento el expediente con el fin de ser deportado en Honduras, para expulsarlo de España y, al mismo tiempo, que la justicia de allí ajuste las cuentas con él.
De Palafrugell al CIE, y del CIE a Honduras
El Grupo Operativo de Extranjeros solicitó al Juzgado de Instrucción de Sant Feliu de Guíxols que el detenido fuera enviado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona durante toda la tramitación del proceso de expulsión para evitar que pudiera escapar, sabiendo que ya había estado descubierto. Después de completar todo el expediente, y cuando se recibió la orden judicial, el hombre pudo ser expulsado de España. Acompañado de agentes de la Policía Nacional se le escoltó hasta el avión en dirección Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde fue entregado a las autoridades locales. Para evitar incidentes durante estos traslados forzosos de deportación, la policía acompaña a los detenidos hasta el país de destino, dónde son transferidos a la policía que los recepciona y los pone a disposición de la justicia.
La Policía Nacional ha explicado, en una nota de prensa este lunes, que el proceso de expulsión no es fácil e implica algunos requisitos legales, que, muchas veces, hacen casi imposible deportar a personas que están en situación irregular en nuestro país y que cometen delitos. Antes de expulsar a una persona, devolviéndola a su país, hace falta que no tenga ningún procedimiento judicial abierto al Estado, y, por lo tanto, hace falta que los jueces lo cierren antes de completar el trámite de expulsión.
En la misma comunicación, la Policía Nacional asegura que es una de sus prioridades en Extranjería es detener y expulsar de España extranjeros en situación irregular que además se encuentren inmersos en procesos penales por delitos graves o que causen grave alarma social entre la población.