Novedades importantes en la investigación de la muerte de Andreu P.G., el jefe de recursos humanos de Autocares Plana a quien un conductor mató propinándole un puñetazo cuando le iba a comunicar una sanción. El Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona ha acordado abrir un procedimiento judicial al encontrar indicios suficientes para calificar los hechos como un homicidio doloso y no por imprudencia, tal como ha podido saber ElCaso.com de fuentes conocedoras del caso, castigado con penas que podrían ir de 10 y 15 años de prisión. Por su parte, las acusaciones particulares pedirán que sea calificado de asesinato, con penas de 15 a 25 años de prisión.
Un puñetazo mortal
Según el informe forense, Andreu murió en el hospital por las complicaciones de la herida del puñetazo que le dio al autor de la agresión, y no del golpe que sufrió al caer al suelo, según el informe preliminar forense. Tenía que sancionar a uno de los conductores, un hombre dominicano de 47 años, con catorce días de suspensión de sueldo y trabajo por agredir días antes a uno de los revisores de la empresa cuando le hizo una inspección a su autocar. Como jefe de recursos humanos, decidió comunicarle la sanción a las nueve de la mañana, antes de que iniciara la ruta que tenía programada, pero el encuentro acabó de la peor de las maneras.
Sin intermediar palabra, sabiendo quién era Andreu y que tenía previsto sancionarle, el conductor le dio un puñetazo en la cara, dejándolo aturdido en el suelo. Acto seguido, el agresor se marchó del lugar con un patinete, según se puede ver en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del recinto. Andreu fue trasladado al hospital, pero acabó muriendo días después en el hospital a causa de la gravedad de las heridas. El juez, después de escuchar a los testigos, visionar las imágenes y leer el informe médico, decidió mandar al agresor a prisión al considerar que tenía intención de hacer daño y dejando la puerta abierta supuesto delito de homicidio doloso y no por imprudencia.
Alto riesgo de huida
La defensa del investigado recurrió el ingreso en prisión y el próximo 12 de noviembre está prevista la celebración de la vista en la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Tarragona donde el juez tiene que decidir si lo mantiene entre rejas o lo deja en libertad. Tanto Fiscalía como acusaciones se opondrán a que pueda quedar libre. Una vez abierto el procedimiento por un homicidio doloso y ante las penas a las cuales se podría enfrentar el acusado, de entre 10 y 25 años de prisión, el riesgo de huida es muy elevado y se teme que tan pronto como saliera de prisión pudiera marcharse del país, según han explicado fuentes próximas al caso a ElCaso.com. El hecho de que el hombre sea originario de la República Dominicana facilita más que pueda escapar. Además, desde allí tendría fácil cruzar la frontera a pie hasta Haití, donde no hay tratado de extradición con España, evitando así la acción de la justicia e incrementando el dolor de los familiares y amigos de la víctima.