El Centre Penitenciari de Dones de Barcelona sufre una invasión de chinches sin precedentes que está creando el caos y la indignación en la prisión. El Departamento de Justicia comunicó ayer que habían detectado la presencia de estos insectos en algunas habitaciones después de que algunas internas se quejaran de picores. Más de diez celdas han tenido que cerrar por estar gravemente infestadas, lo que ha implicado que la prisión conceda permisos para dormir fuera del recinto a algunas presas. De momento no se ha encontrado ninguna solución a la invasión.
El problema se hizo público ayer, sin embargo, según denuncia el sindicato catalán de prisiones (SICAP-FEPOL), hace más de un mes que se sufre esta situación. La sección abierta, donde conviven 263 internos, ha llegado a un nivel de descontrol absoluto después de que más de diez celdas se hayan tenido que cerrar por la plaga. Tanto trabajadores como prisioneras están expuestos a este riesgo biológico, y muchos de ellos afirman haber sufrido picaduras de los animales. Desde el sindicato reclaman explicaciones, soluciones y cambios en la cúpula directiva después de estar todo un mes en esta situación insalubre sin que se hayan aplicado medidas de prevención ni protocolos de seguridad.
Algunas prisioneras tienen permiso para abandonar el recinto a causa de la plaga
Una de las pocas medidas que se ha tomado ha levantado polémica. El cierre de diez de las celdas ha hecho imposible meter todas las presas en el espacio, por lo cual el centro ha concedido permisos extraordinarios a algunas de las internas que las autorizan a pasar la noche fuera del edificio, lo que hace evidente la falta de gestión de las autoridades. El SICAP-FEPOL se pregunta por qué no se ha solucionado el problema todavía y cómo puede ser que no se haya activado ningún plan de choque eficiente para erradicar la plaga y proteger al personal, y están convencidos de que la situación habría sido mucho menos grave si se hubiera actuado con rapidez. Viendo que desde el centro no se reacciona, la asociación ha exigido que se acabe inmediatamente con todos los insectos, se haga una evaluación de riesgos laborales y que se cese a José María Montero, el director general de servicios penitenciarios "por su incompetencia".