La operación Baby culmina con dos arrestados por la muerte y abandono de un feto sin vida en septiembre de 2018 en una depuradora de aguas de Teruel (Aragón). La Policía Nacional ha detenido al padre y la madre de la niña que, por tener 24 semanas de gestación, no tendría la consideración de bebé, por su implicación en el deceso después de que las análisis de ADN dirigiera la investigación directamente contra ellos. Cuatro años después de los hechos, los agentes han podido determinar cuáles eran los presuntos autores materiales, aunque en un principio no aparecieron, dado que recogieron muestras de perfil genético para buscar coincidencias con una relación de parentesco.
Cuatro años de investigación para detener a los culpables
Los agentes han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, de 29 y 34 años, como presuntos responsables de la muerte de un feto de 24 semanas, según ha informado la Policía Nacional. Todo se inició, no obstante, cuando a finales de septiembre de 2018 un trabajador de la depuradora de aguas residuales de Teruel que estaba vaciando el pozo de entrada de líquidos fecales observó que flotaba un feto humano. Concretamente se trataba de una niña de unos seis meses de gestación y con un desarrollo que hacía la vida viable, al poder respirar. Los investigadores empezaron las perquisiciones del caso y recogieron las muestras pertinentes, pero no dieron con los culpables.
Pero no fue hasta el año 2022, tras una correspondiente autorización judicial, que se realizó una búsqueda con coincidencias con nuevos perfiles genéticos insertados en las bases de datos y se obtuvo un resultado positivo. En este se establecía la relación paterno filial, que quedó confirmada a través de los estudios realizados por el laboratorio de la Comisaría General de Policía Científica. Así consiguieron arrestar al padre y la madre de la criatura, de 29 y 35 años, que ya han pasado a disposición del Juzgado de instrucción número 1 de Teruel.
El hecho que la investigación haya permitido pillar a los presuntos culpables de la muerte del feto de 24 meses arrojado a la depuradora de aguas de Teruel más de cuatro años después, es el trabajo de unas indagaciones que no han sido archivadas. De hecho, desde la Policía Nacional han explicado que la búsqueda, reactivada, es fruto de la "permanente revisión de los delitos sin resolver" que, gracias a la "coordinación y tesón" de los agentes "no quedan impunes", han sentenciado.