La policía ha detenido una banda criminal, formada por miembros españoles, argelinos y marroquíes, que se dedicaba a falsificar documentos de personas inmigrantes que querían regularizar su situación dentro del Estado español. En algunos de los casos, los individuos llegaban a pedir hasta 10.000 euros a sus clientes y, en otros, se presentaban a los organismos oficiales haciéndose pasar por la persona que quería conseguir los papeles. Además, la banda criminal tenía un entramado de empresas fantasma para blanquear el dinero que obtenían.
La Policía Nacional, junto con la Agencia Tributaria, abrió el caso después de tener indicios del aumento de solicitudes falsas hechas por personas, de diferentes nacionalidades, que querían tener el permiso de residencia temporal dentro del Estado. Estas solicitudes, al ser falsas, no cumplían los requisitos necesarios para obtener la regularización. A raíz de la investigación, los agentes descubrieron que estaban ante una banda criminal internacional, pero asentada en Zaragoza, a pesar de que tenían colaboradores en otras ciudades del Estado, como Barcelona, Huesca, Alicante y Murcia, que les ayudaban a captar a los clientes potenciales.
Falsifican documentos
La banda criminal ofrecía a los inmigrantes la posibilidad de obtener el permiso de residencia sin tener que desplazarse, mediante el envío de copias de los documentos que eran necesarios, como por ejemplo el pasaporte, el empadronamiento o los certificados médicos. Los servicios que más prestaban los individuos eran el del empadronamiento, donde falsificaban los documentos de identidad y las autorizaciones de los propietarios de los pisos donde empadronaban a sus clientes. La policía cree que los sospechosos, desde que comenzaron su actividad delictiva, podrían haber regularizado a más de 5.000 personas en todo el Estado.
Otro documento que también ayudaban a conseguir era la formalización de un contrato de trabajo, el cual no existía. En muchas ocasiones, de hecho, los individuos usaban el método conocido como lookalike, es decir, personas que se parecían a sus clientes se presentaban en las oficinas para que el interesado no tuviera que pisar el municipio donde se quería empadronar o, incluso, el Estado.
Hasta 10.000 euros
Los servicios de esta banda criminal no eran gratuitos. Los arrestados tenían una tarifa de precios según el servicio que ofrecían. Los pagos podían ser de entre 600 y 900 euros por la obtención de un empadronamiento, entre 3.000 y 10.000 euros por formalizar un contrato de trabajo —recordemos, en una empresa ficticia— y 500 euros por desplazar a los inmigrantes y entregarles la documentación.
Además, la Policía Nacional descubrió que el grupo criminal tenía empresas fantasma para blanquear el dinero que obtenían falsificando los documentos y para tramitar las altas en la Seguridad Social de los contratos de trabajo. Estas altas, sin embargo, eran anuladas poco después, una vez los inmigrantes tenían la documentación necesaria.
Más de 60 detenidos
La Policía Nacional ha desarticulado la banda criminal y ha detenido un total de 61 personas de nacionalidad argelina, marroquí y española. Algunos de los arrestados son los cabecillas de la trama, mientras que otros son sus colaboradores. Los agentes han arrestado a dos personas en Barcelona, dos en Huesca, una en Teruel y 56 en Zaragoza. Además, se registraron cuatro domicilios, donde se encontraron dinero en efectivo y documentos falsos relacionados con la regularización de los inmigrantes.