Durante ocho años una organización criminal formada por varias personas, todas de nacionalidad española, han comprado y vendido miles de perros y gatos de manera ilegal, saltándose todos los protocolos de seguridad y de sanidad, intentando hacer ver que los animales sí que las cumplían, aprovechándose de los establecimientos veterinarios. La explotación del caso Bitxets, hecha por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Guardia Urbana de Barcelona después de una larga investigación, ha permitido desmantelar la banda que se dedicaba a este negocio y también liberar a 400 animales de compañía de granjas ilegales.
La investigación se inició a raíz de una inspección que hizo la Guardia Urbana de Barcelona, el año 2020, en la tienda que dio nombre a la operación, en la calle de Castillejos de la capital de Catalunya. Allí se localizaron más de treinta perros enfermos y se iniciaron las diligencias por maltrato animal. Tirando del hilo de este centro veterinario, y ya con la colaboración con el Área Central de Medio Ambiente de los Mossos, que lidera el inspector Víctor Cosialls, y también con el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Judicial de la Policía Nacional, se pudo también averiguar que las cartillas sanitarias de los animales presentaban anomalías y que habían sido manipuladas para ser falsificadas.
Criaban, exportaban y compraban gatos y perros
Los investigadores, y bajo la batuta de la Fiscalía de Barcelona especializada en delitos contra el medio ambiente, fueron ampliando la investigación de un caso, aseguran los especialistas de los Mossos, que todo el mundo sabía que podía estar pasando, pero que hasta entonces no se habían conseguido los indicios para, formalmente, iniciar una investigación judicial. El trabajo de los policías ha permitido confirmar, en una de las mayores operaciones de este tipo hechas en el Estado español, que existía una organización que compraba animales de varias maneras, haciendo importaciones desde países del Este, con la cría en centro ilegales que ellos mismos controlaban y también con la compra ilegal de animales por redes sociales.
El objetivo era vender estos animales, muchos de ellos enfermos y tratados de manera inhumana, con traslados por carretera con condiciones precarias. No había ningún control sanitario y el objetivo lucrativo de la banda desarticulada era vender todos los animales, estuvieran sanos, enfermos o tuvieran riesgo de contagiar cualquier tipo de enfermedad. Para intentar saltarse los controles, en la red también había una veterinaria que facilitaba su firma colegial con el fin de falsificar la documentación que se utilizaba para poner en venta a los animales y dar fiabilidad a los compradores, que muchas veces no eran conocedores de que compraban animales enfermos, aunque, asegura el inspector Cosialls que los precios, por debajo del precio de mercado, podrían haber hecho sospechar.
Quienes estaban completamente al caso eran los responsables de las tiendas que servían para distribuir estos animales. Los Mossos aseguran que las clínicas veterinarias estaban bajo el control de la mafia para engañar a los clientes y las administraciones públicas y esconder el origen real de los animales o las enfermedades que desarrollaban cuando los cachorros ya estaban en manos de los compradores.
Grandes beneficios de la venta de perros ilegales
Las investigaciones fueron avanzando, haciendo una radiografía de cómo la banda actuaba y cómo criaba, compraba y vendía a los animales de manera ilegal para ganar dinero sin ningún tipo de escrúpulo ni respeto por ellos. El pasado 20 de septiembre se inició a primera hora de la mañana una operación de gran formato en Barcelona, Madrid y Andorra para desmantelar las granjas ilegales y también registrar las clínicas que estaban bajo sospecha de los Mossos y de los otros cuerpos policiales. Se detuvieron trece personas —una de ellas ingresó en prisión— y se pudieron recuperar 400 animales, sobre todo, gatos y perros, de razas de alto valor económico. Todos los animales pudieron ser trasladados a centros de recuperación y acogida y algunos tuvieron que pasar cuarentenas para evitar el contagio de los otros animales.
La operación policial ha servido también para, con la autorización judicial, confiscar grandes cantidades de dinero y bloquear propiedades que los líderes de la banda tenían en el Estado y también en el extranjero, que habían comprado con los beneficios ilícitos que habían conseguido de la venta, durante años, de estos pobres animales.