Nuevo golpe contra las peleas ilegales de gallos en Cataluña. Los Mossos d'Esquadra de la Unidad Regional de Medio Ambiente de Tarragona (URMA) detuvieron el pasado 1 de abril en Reus (Baix Camp) a tres hombres de 27, 45 y 59 años, como presuntos autores de nueve delitos de maltrato de animales domésticos. Los arrestados organizaban las peleas en una finca rústica a las afueras del municipio, en las cuales también participaban menores de edad. A estas alturas el caso continúa abierto, y se están investigando otras 54 personas por su presunta implicación en los hechos.
Gallos dopados, armas y numerosos antecedentes
Después de recibir unas informaciones que aseguraban que en una finca de Reus estaban teniendo lugar peleas de gallos, prohibidas en Cataluña desde el año 1988, los Mossos d'Esquadra montaron un dispositivo policial con agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y del Área Central de Medios Aéreos (ACMA), para llevar a cabo las tareas de vigilancia necesarias para recavar indicios sobre esta actividad.
Una vez obtenida la autorización judicial, la policía catalana efectuó la entrada y registro de esta casa que contaba con un almacén donde encontraron la arena en la que tenían lugar los enfrentamientos entre los animales, rodeada de dos alturas de gradas y con una barra habilitada para servir comida y bebidas. Los gallos, unos 35, estaban en condiciones muy nefastas, habiendo uno muerto y varios heridos a consecuencia de las peleas. Además, los agentes encontraron sustancias dopantes que los organizadores suministraban a las aves para fortalecerlos y hacerlos más agresivos.
Durante el registro de la vivienda se requisaron 5.000 euros en efectivo, una escopeta de aire comprimido y ocho armas blancas. Junto con los tres detenidos, se encontraron 12 menores de edad y 54 adultos que estaban participando en las peleas; entre todos suman 40 antecedentes policiales por todo tipo de delitos. Después de ser arrestados, los organizadores fueron trasladados a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial pertinente.
