Una pelea multitudinaria entre internos de origen sudamericano y magrebí durante un partido de fútbol ha obligado este lunes, 13 de julio, al mediodía a activar el máximo dispositivo de emergencia en el Centro Penitenciario de Jóvenes, según ha podido saber ElCaso.com. El enfrentamiento, que ha comenzado sobre las doce y media en el patio del Módulo 4, se ha ido descontrolando hasta convertirse en un altercado con varias agresiones simultáneas que ha requerido la intervención de los funcionarios del centro y la activación sucesiva de los protocolos de seguridad hasta el Código 4.
Según la información recogida por este medio, el origen de los hechos ha sido una disputa entre dos internos, uno de cada grupo, en el marco del partido de fútbol. Cuando los funcionarios han intentado separarlos, uno de los implicados se ha librado de la sujeción y se ha dirigido hacia el resto de internos, lo que ha desencadenado una pelea generalizada entre varios reclusos de ambos bandos. Durante varios minutos se han producido agresiones en diferentes puntos del patio, hasta que los equipos de intervención han conseguido recuperar el control de la situación. En el transcurso del altercado, un funcionario de prisiones ha sido agredido por varios internos mientras intentaba restablecer el orden. Ha recibido varios golpes en la espalda, en el hombro y en la cara, así como una patada en la rodilla. A pesar de la violencia de la agresión, las lesiones son de carácter no grave y no se teme por su recuperación. Los equipos del centro han conseguido reducir a los internos más violentos y evitar que el enfrentamiento acabara con consecuencias más graves. Ahora se ha abierto una investigación interna para identificar a todos los participantes en la pelea y determinar las responsabilidades disciplinarias y, en su caso, penales.
Grito de alerta de los sindicatos
Desde el sindicato SICAP-FEPOL han aprovechado el incidente para denunciar el aumento de la tensión en el Centro Penitenciario de Jóvenes, asegurando que la población reclusa ha crecido un 16,5% desde 2022 sin un incremento equivalente de personal ni de recursos de seguridad. Desde este sindicato se exige una respuesta inmediata de la Conselleria de Justicia y se reclama que el funcionario agredido reciba asistencia médica, psicológica y jurídica. El sindicato también pide identificar a todos los internos que participaron en los altercados y depurar las responsabilidades disciplinarias y penales correspondientes, así como revisar urgentemente la dotación de personal del centro y su capacidad de respuesta ante incidentes críticos.
Además, reclama reforzar los equipos de intervención, los medios de protección y los protocolos de prevención y contención, y adoptar medidas concretas para afrontar el aumento de la población interna y evitar que la masificación continúe deteriorando la seguridad de la prisión.