El Ayuntamiento de Reus ha impuesto una sanción de 10.001 euros a la propiedad del local de la raval de Robuster, Classix Discotheque, clausurado por la Guardia Urbana el pasado 23 de enero. El Ayuntamiento ha constatado la responsabilidad de la propiedad en la comisión de una infracción muy grave prevista a la ley que regula los espectáculos públicos y las actividades recreativas, por el incumplimiento en el ejercicio de la actividad autorizada, y que representa un riesgo grave para las personas.
El consistorio afirma que los hechos quedan avalados por las diferentes actas levantadas por la Guardia Urbana en las cuatro actuaciones realizadas en el local, en las cuales se localizó gente bailando, bebiendo, fumando y sin mascarilla.
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirma que "la sanción responde al compromiso de contundencia del gobierno de Reus ante los comportamientos irresponsables que ponen en riesgo la salud de la ciudadanía y obligan a imponer medidas que perjudican la libertad de las personas y la actividad económica de muchas empresas".
Casi no cumplía ninguna de las restricciones
El expediente municipal fundamenta la sanción en el hecho de que el ejercicio de la actividad de discoteca del local se suspendió de acuerdo a la resolución del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya de 19 de agosto de 2020 por la cual se adoptaban medidas extraordinarias para la contención de la pandemia.
Vídeo del interior de la fiesta en la discoteca de Reus sancionada / ElCaso.cat
Por decreto de la concejalía de Empresa y Ocupación de octubre de 2020, se autorizaba la propiedad del local a "desarrollar de manera provisional la actividad de restaurante, manteniendo sin funcionamiento la actividad de discoteca." Ante el incumplimiento de los condicionantes constatado con las inspecciones de la Guardia Urbana, el Ayuntamiento ha impuesto en la propiedad la sanción.
También se ha abierto la vía penal contra los responsables de la discoteca de Reus
En paralelo en la vía administrativa abierta por el Ayuntamiento, la Guardia Urbana derivó en el Departamento de Salud de la Generalitat las actas levantadas en las diferentes actuaciones realizadas en el local por incumplimiento de las medidas decretadas para la contención de la pandemia. Salud es el órgano competente para acordar si los hechos son constitutivos de infracción y objeto de sanción.
Igualmente, la Guardia Urbana instruyó diligencias judiciales por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad para incumplir de manera reiterada las restricciones sanitarias, las cuales siguen su curso por la vía penal.