Cada año es más común que nos acostumbremos a que todo esté grabado en vídeo o fotografiado. Las redes sociales se convierten en la mayor plataforma para denunciar y compartir momentos, injusticias y memes. Uno de los planos más cotizados y que grababan momentos más espectaculares eran los que se hacían con cámaras colocadas en el interior de los coches, ahora restringidos por la DGT.

La supermulta de 1.000 euros de la DGT

Este tipo de dispositivos habían sido capaces de captar momentos como accidentes de tráfico, fenómenos meteorológicos o incluso atentados o acciones violentas.

Y hace poco esta moda llegaba a España y multitud de conductores decidían instalarlas en sus vehículos por motivos de seguridad, para grabar posibles robos o actos vandálicos, o incluso accidentes de tráfico.

Taxi patinete Barcelona / Cedida

La cámara de un taxista graba el accidente con un patinete en Barcelona / Cedida

Pero, en medio de esta moda, un conductor español ha recibido una multa de 1.000 euros por tener una cámara instalada dentro del vehículo.

 Los hechos ocurrieron en A Coruña, donde la policía local detectó un coche con una dashcam, las conocidas cámaras para grabar lo que sucede fuera del vehículo.

Llevar una cámara dentro del coche

El propietario se justificó alegando que la había instalado para intentar frenar una serie de actos vandálicos que estaba sufriendo en su coche. Sin embargo, los policías pusieron el asunto en manos de la Agencia Española de Protección de Datos.

Y esta sentenció que la cámara no era legal y lo propuso para sanción. Esto se debe a que la dashcam estaba enfocada para grabar lo que sucedía fuera del vehículo, cosa que está prohibida por ley.

Y es que este tipo de imágenes solamente se pueden filmar cuando exista un motivo justificado, y en este caso los agentes consideraron que no lo era.

La fina línea entre la multa y la legalidad

Además, la ley de protección de datos determina que es necesario el consentimiento expreso por parte de todas las personas que aparecen en la grabación.

Esta misma ley vigente no prohíbe como tal la instalación de las cámaras. Lo que la normativa regula es que la grabación se realice, por ejemplo, con el vehículo detenido.

De hecho, en casos de choque o accidente con el vehículo en movimiento, el uso del dispositivo está totalmente amparado por la ley nacional.

Por lo tanto, la DGT podrá regular el uso de este tipo de vídeos y sancionar con hasta 1.000 euros por la violación del derecho de imagen de las personas que aparezcan.