La Policía Nacional ha desarticulado una red de proxenetas que se dedicaban a la explotación sexual de mujeres chinas por toda Cataluña, así como en Mallorca y Alicante (País Valencià). En el marco de la operación se han llevado a cabo nueve entradas y registros en domicilios que funcionaban como burdeles, y se han detenido siete personas en Barcelona, acusadas de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los nueve cacheos realizados en viviendas de Sabadell (Vallès Occidental), Premià de Mar (Maresme), Palamós (Baix Empordà), Inca (Mallorca) y Alicante, han llevado a la liberación de 16 mujeres que habían sido engañadas y coaccionadas para ejercer la prostitución en habitaciones muy pequeñas, sin ventilación y en condiciones de insalubridad.
Cazados gracias a una página web
La Brigada Local de la Policía Nacional de Sabadell empezó las investigaciones después de detectar que una página web que ofrecía contenido explícitamente sexual también anunciaba los servicios de casas-prostíbulos en varias localidades catalanas, así como en Mallorca y al País Valencià. Con esta información empezaron las perquisiciones que llevaron a la localización de varios pisos en Sabadell, donde la Policía sospechaba que residían mujeres de nacionalidad china que se dedicaban a prostituirse contra su voluntad.
Después de los primeros registros en Sabadell, los agentes pudieron comprobar que las mujeres vivían y trabajaban en pisos en condiciones muy malas, rodeadas de suciedad y sin poder salir a la calle. Más adelante descubrieron la existencia de más viviendas situadas en otras localidades, y realizaron también las entradas pertinentes, en colaboración con agentes de la Unidad Policial de Extranjería. Finalmente, se pudieron detener siete personas, consideradas las principales responsables de esta red, en Barcelona.
Engañadas y retenidas contra su voluntad
Los proxenetas captaban a las mujeres en China, ofreciéndoles trabajo legal en Cataluña. No obstante, una vez llegaban, las obligaban a prostituirse bajo amenazas de muerte, y las retenían en los pisos donde las obligaban a trabajar. Después de liberarlas, los agentes de la Policía Nacional pudieron comprobar que nueve de ellas se encontraban en situación de irregularidad en el país; desde la policía les ofrecieron asistencia y las pusieron en contacto con los servicios sociales de las localidades donde residen.
Con esta actuación, desde la Policía han querido mostrar que dan una "respuesta contundente" a este tipo de actuaciones, así como un golpe duro a la proliferación de burdeles y locales de contactos donde las víctimas son explotadas sexualmente y obligadas a ejercer la prostitución.