Cuatro hombres fueron detenidos el pasado 11 de marzo en Sant Antoni de Calonge, en el Baix Empordà (Girona), acusados de delitos relacionados con extranjería y de usurpación de identidad. Estos cuatro hombres, dos de nacionalidad pakistaní y dos de marroquí, se hicieron con los NIE de personas extranjeras regularizadas para poder trabajar en las obras de un complejo residencial del municipio, a pie de playa, según ha podido saber ElCaso.com, a pesar de no tener contrato laboral y tener que abonar el 20% de la nómina a las personas que les habían facilitado estos documentos. Fue a raíz de una llamada anónima que el caso llegó a conocimiento de la Policía Nacional española, que abrió una investigación conjunta con la Policía Local de Sant Antoni de Calonge y la Inspección de Trabajo.
La llamada hacía referencia a unas obras en concreto, donde cuatro de los trabajadores estaban de manera, supuestamente, ilegal. La intervención de los cuerpos policiales y de los funcionarios de Trabajo reveló que, efectivamente, dos hombres pakistaníes y dos marroquíes no disponían de contrata laboral, habían llegado al Estado sin ningún documento vigente y los papeles que mostraron para identificarse no coincidían con su identidad real. La Policía Nacional detuvo a estas cuatro personas, mientras que Inspección de Trabajo abrió varios procedimientos sancionadores contra la empresa responsable de estas irregularidades, ya que, según han explicado fuentes policiales a ElCaso.com, no se descarta que los facilitadores de los documentos de identidad fueran los mismos gerentes.
Se identificaron con una foto del NIE que tenían en los móviles
Los cuatro detenidos mostraron el NIE de una persona extranjera, pero en situación legal en el Estado, que tenían en una fotografía en sus teléfonos. El no tener la documentación en físico ya llamó la atención de los agentes y al hacer las comprobaciones pertinentes confirmaron que las identidades no cuadraban. Las pesquisas revelaron que les facilitaban tanto el NIE como los datos bancarios de otras personas para que pudieran trabajar, a pesar de que sin un contrato legal ni estar dados de alta en la Seguridad Social. Los inquilinos de las identidades tenían que pagar el 20% de las nóminas a los facilitadores -que a estas alturas se desconoce si eran los mismos responsables de la empresa o las personas a quienes pertenecían los NIE-. Los cuatro detenidos ya han pasado a disposición judicial, pero la investigación continúa en marcha para poder encontrar a más posibles implicados.