Un juez de Vielha (Lleida) investiga a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y a otros dos cargos de la agencia estatal por la falta de medidas preventivas en una expedición a la Vall d'Aran en marzo de 2018 en la que dos trabajadores murieron por un alud.
Precipitados por una roca vertical de 90 metros
La presidenta y quienes entonces eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC, agencia que depende del Ministerio de Ciencia, han sido citados a declarar el próximo 27 de mayo por orden de la Audiencia de Lleida ante las "sospechas" de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores, según el auto.
El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en la Vall de Conangles que les precipitó por una roca vertical de 90 metros de altura.
A raíz del accidente, resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte (Guipúzcoa) contratado como técnico superior para el CSIC, y fallecieron las dos personas que le acompañaban: el salmantino Gaspar Giner Abati, un biólogo que había trabajado en esta empresa pública, y el montañero Unai Pérez de Arenaza, vecino de Bergara (Guipúzcoa).
Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra
Ambos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C., también investigado, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite administrativo previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizase ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.
Un mes después de la expedición inauguran el plan de riesgos laborales
Los familiares de los investigadores fallecidos se han constituido como acusación particular en la causa penal abierta por el accidente y han pedido la imputación de la cúpula del CSIC porque consideran que la expedición, cuyos miembros iban equipados con material proporcionado por la empresa científica, se llevó a cabo sin medidas de prevención.
De hecho, tras el accidente mortal, el CSIC presentó ante la Inspección de Trabajo un plan de riesgos laborales que consta como aprobado en abril de 2018, es decir, un mes después de la fatídica expedición al lago Redon, según un informe incluido en el sumario.
El tribunal cree que, "a pesar de que el accidente fue calificado de fortuito en un atestado inicial elaborado por los Mossos", no se puede descartar "la existencia de ciertas sospechas de la posible comisión por parte de responsables del CSIC de un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores previsto en los artículos 316 y 317 del Código Penal".