Si la situación en los centros penitenciarios de Catalunya ya es tensa con agresiones casi cada día de internos a funcionarios, ahora se ha ido un paso más allá. Tal como ha reconocido el mismo Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicado, reclusos de la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), han hackeado su sistema informático y han accedido de forma no autorizada a documentación compartida ubicada en unidades de red. Los responsables del centro penitenciario detectaron el incidente y se activaron de forma inmediata las medidas de seguridad correspondientes para poder expulsarlos. En cuanto a los presuntos responsables del ataque, ya están identificados.
Según las primeras informaciones, aseguran desde Justicia, "no se ha producido ningún acceso a sistemas de información penitenciarios críticos ni ha comprometido el funcionamiento de los servicios del centro". Ante este ataque, se ha contactado con la Agència de Ciberseguretat de Catalunya para que lleve a cabo un análisis técnico exhaustivo y se determine cómo se ha producido este acceso y las posibles afectaciones que ha tenido. Se han denunciado los hechos al Juzgado de Guardia de Figueres y se ha comunicado la situación a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, mientras que todos los centros penitenciarios de Catalunya "están reforzando las medidas de seguridad para prevenir incidentes similares". El director general de Asuntos Penitenciarios, Domingo Estepa, se ha reunido con representantes de los sindicatos para informarles del incidente y de las medidas que se han adoptado.
Los sindicatos denuncian que estos hackeos son habituales
Por su parte, desde los sindicatos aseguran que lo ocurrido en Puig de les Basses no es un hecho puntual. En un comunicado emitido después de que se hicieran públicos los hechos, SICAP-FEPOL denuncia que ya desde 2025 se está alertando de que los internos de diversas prisiones de Catalunya están pudiendo acceder a datos confidenciales de Justicia desde los mismos ordenadores que tienen a su disposición en los centros penitenciarios. Aseguran que han quedado expuestos documentos internos con datos personales y relativos a la salud, lo que, según ellos, "pone en riesgo la seguridad penitenciaria".