La Audiencia de Girona acoge esta semana el juicio al hombre que presuntamente abusó de su hijastra con discapacidad en Calonge i Sant Antoni, Girona. La Fiscalía pide prisión para él.
A juicio para abusar de su hijastra
El fiscal ha pedido ocho años de prisión este jueves para un vecino de Calonge i Sant Antoni, Girona, que ha sido juzgado en la Audiencia Provincial acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, una niña de doce años con una discapacidad del 50%.
Según el escrito de acusación de fiscalía, la tarde del 31 de marzo de 2018, aprovechando que estaban solos en casa, el acusado ordenó a la niña que estuviera en su habitación y, una vez allí, empezaron los abusos.
La menor advirtió al procesado que avisaría a la policía y este, con "intención de atemorizarla" y satisfacer su deseo sin consecuencias, cogió un cutter y la amenazó con matarla si contaba lo que había pasado.
Una niña de 12 años con una discapacidad del 50%
En la vista oral que se ha celebrado este jueves, la víctima ha declarado que, en este momento, consiguió "huir hasta el baño" y que permaneció cerrada allí hasta que llegó su madre.
La niña ha explicado que, cuando esta llegó, le explicó lo que había pasado, pero que no la creyó y que no denunció los hechos hasta el 30 de abril cuando estaba con su padre biológico y, después de sufrir una crisis de ansiedad e ir al médico, le relató lo que había pasado.
Por su parte, el acusado ha negado los hechos, ha asegurado que quería a la menor, a quien había cuidado desde los tres años como si fuera su propia hija, y ha declarado que los problemas empezaron cuando la niña se quiso ir a vivir con su padre.
Presuntos abusos en Calonge i Sant Antoni
En este sentido, ha declarado que no culpa a la niña y que la denuncia fue dirigida por el padre biológico para hacerle daño a él sin que se haya podido conocer la versión de la madre, que murió.
La solicitud de pena de ocho años de prisión de la Fiscalía se basa en un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años agravado e incluye también ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 3.000 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.
La defensa, que ha negado los hechos, ha pedido la absolución de la representación. Después de las declaraciones, el caso ha quedado visto para sentencia.