La Fiscalía de Barcelona pide nueve años de prisión para Álvaro Aguado, exjugador del RCD Espanyol, acusado de una agresión sexual a una trabajadora del club durante la celebración del ascenso a Primera División, la noche del 23 al 24 de junio de 2024, en la discoteca Opium de Barcelona. En su escrito de conclusiones provisionales, el ministerio público sostiene que el futbolista sometió a la denunciante a tocamientos no consentidos mientras bailaban en una zona reservada del local y que, posteriormente, la llevó hasta el lavabo masculino, donde presuntamente la obligó a practicarle sexo oral y la penetró vaginalmente, a pesar de que ella le pedía que se detuviera. Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con penetración.
El escrito fiscal sitúa los hechos hacia las cinco de la madrugada, en el contexto de una fiesta privada vinculada a la celebración del ascenso del Espanyol. Según el relato acusatorio, Aguado y la denunciante habían estado bailando juntos dentro de una sala reservada cuando el jugador le habría hecho tocamientos en los pechos y en la zona genital por encima de la ropa. La Fiscalía añade que, después, él la cogió de la mano y la condujo fuera de la sala, aprovechando que la chica se encontraba mareada y afectada por el consumo de alcohol, aunque no estaba inconsciente. Siempre según esta versión, un miembro del personal de la discoteca les impidió el paso por una escalera del parking y, a continuación, el acusado la llevó hasta el lavabo masculino, donde se habría producido la agresión sexual. El ministerio público también recoge que, una vez acabados los hechos, el futbolista le habría dicho: “Tú no me conoces y yo a ti tampoco”.
Las penas y medidas que pide la Fiscalía
Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama que se imponga a Aguado una orden de alejamiento que le prohíba acercarse a menos de 1.000 metros de la denunciante, de su domicilio, del lugar de trabajo o de cualquier espacio que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier vía durante ocho años, un período superior al tiempo de la pena privativa de libertad. También pide 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y una inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad, remunerada o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el ministerio público solicita que el procesado indemnice a la víctima con 55.000 euros por el daño moral derivado de los hechos y con 10.000 euros más por las secuelas psicológicas. Aguado, por su parte, ha negado los hechos y defiende que las relaciones fueron consentidas.