El tráfico de seres humanos no siempre tiene detrás la explotación sexual. Cada vez hay más investigaciones que destapan personas captadas con falsas ofertas de trabajo y obligadas después a trabajar en plantaciones de marihuana, comercios u otros negocios, sin libertad de movimientos y bajo el control, violento, de las redes que las explotan. Una especie de esclavitud del siglo XXI que, en muchos casos, queda escondida detrás de otras actividades delictivas y que incluso puede provocar que las víctimas acaben entre rejas por los delitos que sus captores les han obligado a cometer. Jardineros contra su voluntad.

Es uno de los casos que ha conocido ElCaso.com, justamente hoy, 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas: el de una pareja, un matrimonio de nacionalidad vietnamita, que después de aterrizar en Barcelona, con una mano delante y otra detrás, fueron captados por una mafia que controla, supuestamente, varias plantaciones de marihuana. Durante varias semanas estuvieron encerrados en una nave de Igualada, en Barcelona, hasta que la Guardia Civil, el 22 de noviembre de 2024, entró y desmanteló la plantación. Acabaron ambos entre rejas, sin poder pagar la fianza que les impuso el juez. Cuando un familiar pudo hacer frente y salieron, denunciaron los hechos a la Guardia Civil, que, junto con la Guàrdia Urbana de Barcelona, está investigando la red, también formada por personas de nacionalidad vietnamita, que los reclutó y mantuvo secuestrados en la plantación. El caso, como acusación particular, lo lleva la abogada barcelonesa Cristina Serra Viu, del despacho Maluenda, que a través de su rama Maluenda Social asume casos pro bono. El caso llegó al despacho por medio de la Fundación de Solidaridad Amaranta, entidad especializada en el acompañamiento de personas víctimas de explotación y tráfico de seres humanos.

Una oferta de trabajo aparentemente normal

Según consta en la documentación de la causa a la que ha tenido acceso ElCaso.com, una de las víctimas es una mujer vietnamita que vivía en Barcelona en una situación de especial vulnerabilidad, con pocos recursos económicos y sin una red familiar o social consolidada en el Estado. Necesitaba trabajar y empezó a buscar trabajo en grupos de Facebook utilizados por miembros de la comunidad vietnamita en Catalunya; fue el inicio de su pesadilla. A través de este canal contactó con una persona que le ofreció un trabajo aparentemente convencional, en un salón de belleza en Barcelona. Las condiciones, según su relato, ya eran extremadamente precarias: trabajaba a cambio de comida y alojamiento, pero sin recibir un salario. De esta manera, asegura, se generó una situación de dependencia de las mismas personas que le proporcionaban un lugar donde dormir y los recursos básicos para sobrevivir.

El caso dio un giro cuando la mujer sufrió un problema de salud. Después de recibir asistencia médica, según su declaración, acabó trasladada hasta una nave de la zona de Igualada. Allí, siempre según el relato que ahora investigan la Guardia Civil y el juzgado 13 de Barcelona, le retiraron el pasaporte y el teléfono móvil y no podía abandonar libremente el edificio. Las puertas se cerraban desde fuera y había cámaras de videovigilancia. En esta nave de Igualada descubrió que se encontraba en una plantación interior de marihuana. También había otras personas vietnamitas, entre ellas su marido, de quien se había separado al llegar a Barcelona después de que a él le hubieran ofrecido otro supuesto trabajo.

Vivir y trabajar encerrados dentro de la plantación

La mujer narró a la policía la pesadilla que vivió en aquella nave. La obligaban a ocuparse del mantenimiento del cultivo: regar y cuidar las plantas, controlar la iluminación, manipular tierra y materiales, cortar ramas y participar en las tareas necesarias para mantener la plantación en funcionamiento. No se trataba, según su relato, de una jornada laboral normal, y que después pudiera irse a casa. Vivía dentro de la misma nave y no tenía ningún tipo de posibilidad de salir. Tampoco tenía ningún horizonte a la vista de cuándo terminaría aquella pesadilla.

La dependencia del exterior era casi absoluta. Según la víctima, los responsables traían comida aproximadamente cada diez días. La documentación incorporada a la investigación también recoge episodios de violencia e intimidación y señala que las personas que se negaban a trabajar eran agredidas. Este es, precisamente, uno de los elementos que permite a los investigadores plantear ahora una hipótesis muy diferente de la inicial: que aquellas personas que aparentemente trabajaban en una plantación de marihuana, y que fueron detenidas, no estaban voluntariamente y a cambio de dinero del negocio, sino que habían sido captadas y sometidas a explotación con el fin de hacerlas participar en actividades delictivas.

Detenida cuando era la víctima

El 22 de octubre de 2024, la Guardia Civil entró en la nave en el marco de una investigación relacionada con el tráfico de drogas. En aquel momento, los agentes no investigaban un posible caso de trata de personas. En el interior localizaron 1.343 plantas de cannabis, otra droga y, entre otros efectos, un fusil AK-47 y munición. La pareja, hombre y mujer, estaba también dentro de la plantación realizando tareas relacionadas con el cultivo, según el atestado de la Guardia Civil.

En aquel momento, la mujer no fue detectada como posible víctima. Fue detenida como supuesta participante en la actividad delictiva, pasó a disposición judicial e ingresó, junto con su marido, en prisión provisional durante aproximadamente 28 días. La barrera idiomática también complicó que se pudieran explicar. Meses después, la investigación comenzó a mirar el caso desde una perspectiva diferente: no solo qué hacía aquella mujer dentro de una plantación, sino cómo había llegado hasta allí.

El cambio se produjo cuando entró en contacto con la Fundación de Solidaridad Amaranta y, con el acompañamiento de la entidad, explicó a las autoridades la situación que, según asegura, había vivido antes de que la Guardia Civil entrara en la nave. La denuncia activó una investigación específica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, a través del área especializada en personas, con la colaboración de la Guàrdia Urbana de Barcelona. El marido también declaró ante la policía, explicando su caso y cómo había estado, como mínimo, en dos plantaciones más, y también forma parte de la causa, también como testigo protegido, por la peligrosidad del entramado criminal que, supuestamente, está detrás de los hechos que se investigan.

La Guardia Civil remitió un atestado específico al juzgado en mayo de 2025 y se abrió la causa que continúa ahora en fase de instrucción, a la espera de que se puedan acabar las diligencias y el caso pueda llegar a juicio, contra la mafia vietnamita que, supuestamente, reclutó y explotó a este matrimonio. Para proteger a las víctimas, el juzgado acordó que fueran identificadas en las actuaciones mediante códigos alfanuméricos y estableció medidas para impedir que se pudiera revelar su identidad, la cual no conocen tampoco las partes. La Guardia Civil ha conseguido identificar a las personas que, supuestamente, forman parte de este entramado, que controlan no solo las plantaciones de marihuana, sino también tiendas, restaurantes y establecimientos en el centro de Barcelona, donde también, según sospechan los investigadores especialistas en tráfico de seres humanos, tienen a personas contra su voluntad.

Un fenómeno que preocupa cada vez más

El caso de Igualada encaja en una modalidad de tráfico de seres humanos que los cuerpos policiales detectan cada vez más: la explotación para obligar a las víctimas a participar en actividades delictivas. Los Mossos d'Esquadra explican a ElCaso.com que en los últimos años han localizado a personas de diversas nacionalidades en plantaciones de marihuana obligadas a realizar tareas de mantenimiento, vigilancia o cuidado de los cultivos, a menudo aisladas, sin libertad de movimientos y sin posibilidad de abandonar las instalaciones durante periodos largos.

La policía catalana también ha detectado un aumento de casos de explotación laboral vinculados al comercio minorista, supermercados y establecimientos similares, donde las víctimas pueden quedar atrapadas por jornadas interminables, salarios muy bajos, dependencia económica y barreras lingüísticas. Al mismo tiempo, la explotación sexual sigue siendo la finalidad más habitual detectada por los investigadores, pero la laboral o para cometer delitos aumenta.

Las cifras de los Mossos permiten dimensionar el fenómeno. Durante el 2025 se abrieron 27 investigaciones por tráfico de seres humanos y, hasta el mes de julio de 2026, se habían iniciado nueve más. En este periodo se identificaron 24 víctimas: 14 de explotación sexual, cinco de explotación laboral, dos de matrimonio forzado y tres obligadas a llevar a cabo actividades delictivas. Hay que sumar también las víctimas que constan en investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional española.

Las redes criminales, además, adaptan los métodos de captación a la realidad actual. Los Mossos alertan del uso creciente de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales para acercarse a personas vulnerables, generar confianza y ofrecerles falsas oportunidades laborales antes de someterlas a situaciones de explotación, como en el caso de este matrimonio, que fue captado por un grupo de Facebook de la comunidad vietnamita en Barcelona. Esta relación entre personas del mismo país genera, en un primer momento, un espacio de confianza, aunque finalmente acaban siendo víctimas de sus compatriotas.

Un canal directo para alertar a los Mossos

Precisamente para intentar detectar casos que a menudo quedan escondidos, los Mossos d’Esquadra pusieron en marcha este verano nuevos canales de colaboración ciudadana contra el tráfico de seres humanos. La policía dispone del correo (stopexplotacio@mossos.cat) y de un formulario accesible por internet, disponible en catalán, castellano e inglés, para que cualquier persona pueda comunicar indicios de una posible situación de explotación.

La policía recuerda que muchas víctimas viven aisladas, desconocen los recursos que tienen a su alcance, no dominan el idioma o están sometidas a amenazas y coacciones. Por eso, la información facilitada por vecinos, clientes, trabajadores, profesionales sanitarios o sociales puede permitir descubrir qué se esconde detrás de una situación aparentemente normal. Una realidad que este 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, vuelve a poner el foco sobre formas de esclavitud que, a pesar de ser menos visibles, continúan existiendo en pleno siglo XXI. También sobre el trabajo que realiza la Solidaridad Amaranta, de ayuda a personas que acaban bajo las garras de mafias que se aprovechan de los más desvalidos para ganar dinero y hacer mover los engranajes de sus negocios criminales.

La abogada Serra Viu, especialista en derecho penal de familia en Maluenda Advocats, asegura que el cambio de perspectiva en las investigaciones por narcotráfico puede ayudar a entender no solo quién mueve los hilos de las plantaciones, sino también cómo han llegado las personas que la policía encuentra en el interior. No prestar atención, en investigaciones como estas, donde se encuentran personas en régimen de clausura en plantaciones u otros negocios clandestinos, puede convertir en invisible otro delito, incluso más lesivo, como es la trata de personas. No es un hecho aislado y, como otras cosas que no acostumbramos a pensar que pasan, también se registra en nuestro país.