Los Mossos d'Esquadra del Área de Información Territorial de Tarragona detuvieron la semana pasada a 16 personas acusadas de formar parte de una empresa que, bajo una apariencia de legalidad, escondidos tras un bufete de abogados, llevaba a cabo desahucios a cambio de importantes cantidades de dinero de los propietarios de los pisos que querían echar a sus inquilinos, algunos de ellos, con contratos de alquiler vigentes. En el marco de esta operación, bautizada Mediere, se hicieron entradas y registros en domicilios de L'Hospitalet de l'Infant, Salou, Reus, Sant Joan Despí, Rubí, Mataró y Barcelona, con más de una quincena de detenidos de nacionalidades española y rumana de entre 27 y 59 años.
La investigación empezó el pasado mes de septiembre a raíz de una actuación policial en Reus durante un enfrentamiento entre unos ocupas de origen magrebí y miembros de esta empresa, Antiokupa Tarraco, que acabó con seis detenidos, cuatro de ellos, empleados de la organización. Gracias a las pesquisas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de la capital del Baix Camp, y estirando el hilo, se descubrió una serie de incidentes muy similares relacionados con esta compañía que hacía desocupaciones extrajudiciales. En esta primera fase se averiguó que los desahucios a menudo venían motivados por una cuestión de raza o pertenencia a un cierto colectivo étnico, y que los propietarios de los pisos afectados pagaban grandes cantidades de dinero para poder echar a la gente que vivía allí, algunas familias ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y otras con contratos vigentes, de manera ilegal y haciendo uso de la violencia.
De la mediación a una escalada de violencia
La empresa ofrecía un supuesto servicio de mediación entre propietarios e inquilinos para desocuparlos, pero se pudo comprobar que los encargados de llevar a cabo estas "mediaciones" cometían extorsiones, daños y violentos acosos hasta que conseguían que las familias abandonaran los pisos. El primer contacto, sin embargo, siempre era bajo la apariencia de ofrecerles un acuerdo para abandonar voluntariamente las viviendas. En caso de obtener una respuesta negativa era cuando empezaban las violencias y amenazas, con acoso telefónico y coacciones a través del corte de los suministros, o destrozando los inmuebles. Durante las entradas en los domicilios de los investigados se requisaron dos armas de fuego y varias armas prohibidas que utilizaban para amedrentar a las víctimas.
Si ni con eso conseguían echarlos, pasaban a cometer robos con fuerza que en alguna ocasión acabó con algunos de los inquilinos heridos gravemente. También presentaron denuncias falsas si los contratos de alquiler estaban en orden. Hay que destacar que los trabajadores de esta empresa eran especialmente violentos con personas de determinados orígenes étnicos. Todo eso generaba sensación de inseguridad a las familias que querían desahuciar, y muchas de ellas han tenido que acudir a profesionales de la salud mental por crisis de ansiedad.
Escudados por un despacho de abogados
Además, las indagaciones de los Mossos revelaron que Antiokupa Tarraco utilizaba como cobertura un despacho de abogados que daba una apariencia de legalidad a su manera de actuar. El propietario de este despacho, el abogado reusense F.J.E., era socio de la empresa, y varios clientes del bufete participaban activamente de los desahucios y eran conocedores de los hechos ilegales, convirtiéndose en colaboradores necesarios de la banda. En total, se han descubierto más de 60 actuaciones por toda Catalunya y, aunque los agentes consideran que han podido detener completamente la actividad de esta empresa, la investigación continúa en marcha y no se descartan más detenciones.
De los 16 detenidos, ocho han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de guardia de Reus, que ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, Andrei G. S. i J. M. S., y libertad provisional con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos, para los otros seis. La causa está abierta por los delitos de lesiones, allanamiento de morada, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, robo con violencia, amenazas, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documento público, pertenencia a organización criminal y contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.