Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a dos hombres de 50 y 62 años, de nacionalidad española y vecinos de Vila-seca (Tarragona) y La Selva del Camp (Tarragona) como presuntos autores del delito contra la salud pública. También han denunciado a un hombre y una mujer por el mismo delito.

Adquisición de ovillos de marihuana legal

Actualmente, es legal la adquisición de ovillos de marihuana con una concentración regulada de cannabis para uso industrial como por ejemplo la cosmética o de tipo medicinal. Este hecho permite que determinados establecimientos puedan vender ciertos ovillos y que los productores estén sometidos a unas obligaciones y controles para llevar a cabo su actividad. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es la única que puede autorizar la producción de ovillos para estas finalidades.

Producción de cáñamo únicamente para usos industriales

La autorización del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, únicamente permite la producción de cáñamo para usos industriales, destinado a biomasa o para la explotación de entonces, fibras y otros productos. Sin embargo, en ningún caso se permite la floración de la planta de marihuana.

Episodios violentos con armas de fuego

Los Mossos d'Esquadra, el 12 de mayo, supieron que una empresa con sede en la Selva del Camp había empezado una explotación de cáñamo industrial en una finca de Vila-seca. Una vez se estableció la plantación esta sufrieron una serie de episodios violentos e incluso en uno de ellos se produjeron varios tiros con arma de fuego larga con el objetivo de robar parte de la plantación.

Estos hechos levantaron las sospechas de los investigadores los cuales estiraron el hilo y contrastaron que la empresa no se estaba dedicando al cultivo de cáñamo industrial, sino que el objetivo era obtener ovillos para su transformación en CBD (cannabidiol). Además, los mossos comprobaron que los investigados habían iniciado la actividad de cultivo antes de comunicarlo a la Policía, un requisito imprescindible para iniciar una plantación de este tipo.

Las gestiones de investigación también permitieron comprobar que los investigados no tenían el permiso que da la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para este tipo de plantaciones. En este sentido, a pesar de simular que las plantaciones eran por cáñamo industrial, los investigados habían hecho constar en un contrato privado con el responsable de la plantación que la explotación tendría la finalidad de producir CBD de uso terapéutico. Además, habían tramitado la solicitud de subvenciones.

La inversión en los mismos elementos de cultivo, los episodios violentos de los últimos meses, la seguridad privada que tenían contratada, entre otros indicios incriminatorios, derivaron que el martes por la mañana se realizaran dos entradas y perquisiciones, una en la primera plantación ubicada en Vila-seca y la otra en la sede de la empresa propietaria en la Selva del Camp.

Encuentran 41 toneladas de plantas

A la explotación de cáñamo se intervinieron 10.000 plantas de seis variedades diferentes. Estas, con autorización judicial y después de tomar las correspondientes muestras, se llevaron a quemar. En total, más de 41 toneladas de plantas.

Posteriormente, los investigadores hicieron la entrada en la sede de la empresa situada en la Selva del Camp. Allí se encontró documentación de la actividad de la empresa que la vincula con el cultivo y tráfico de marihuana. Así, en una de las habitaciones se localizó un laboratorio con una prensa y ovillos en polvo con un peso de cerca de 40 kg. Allí estaba la logística necesaria para prensar el polvo de marihuana para su venta.

Primer desmantelamiento de plantación de cáñamo industrial por prácticas ilegales

La investigación llevada a cabo en Tarragona supone el primer desmantelamiento de una plantación de cáñamo industrial por prácticas ilegales. Hasta el día de hoy, los mossos habían hecho numerosas intervenciones en plantaciones de marihuana interiores y exteriores por todo Catalunya con la desarticulación de grupos criminales. El hecho de utilizar una plantación de cáñamo legal para el negocio de la droga puede ser una consecuencia más de la implantación del crimen organizado en el territorio.