Hace casi un año, 1.500 personas se vieron retenidas a bordo del crucero MSC Armonía que echó anclas en el puerto de Barcelona el 2 de abril del 2024, después de detectarse que 69 de los pasajeros -catorce de los cuales, menores- no disponían de un visado legal para viajar libremente por el espacio Schengen. El barco había partido desde Brasil, pero todos los afectados eran de nacionalidad boliviana. Sus familiares aseguraron en todo momento que habían sido víctimas de una elaborada estafa por parte de la agencia de viajes que les organizó la ruta a través del Atlántico y el Mediterráneo, estampándoles un sello falso en el pasaporte sin que tuvieran conocimiento de ello. Finalmente, solo se dejó desembarcar a un adulto y a tres niños por "razones humanitario", pero se impidió la entrada en territorio nacional a los 65 restantes. Ahora, el operativo de la Policía Nacional ha culminado con nuevas identificaciones y detenciones de los supuestos responsables de ese viaje irregular.
Cinco agencias de viajes implicadas en esta trama
La Policía Nacional, en colaboración con las agencias AMERIPOL e INTERPOL y la policía de Bolivia, pusieron en marcha una investigación para aclarar la llegada de decenas de bolivianos con visados falsificados que afirmaban ser turistas y no inmigrantes ilegales. Después de muchos meses de pesquisas, se ha podido identificar y detener a cinco hombres, responsables cada uno de una agencia de viajes diferente, que se dedicaban a fabricar y distribuir estos visados falsos, así como de toda la logística necesaria para la gestión de las reservas tanto de los vuelos de Bolivia hacia Brasil como del crucero y los sucesivos hoteles en las ciudades europeas donde atracaban durante el viaje. Los cinco han sido detenidos por estos hechos en un dispositivo conjunto entre los mencionados cuerpos policiales.
Cabe recordar que los ciudadanos bolivianos no necesitaban tener visado para hacer viajes de corta duración, es decir, de 90 días o menos, a los países que pertenecen al espacio Schengen hasta el año 2007. Aquel año entró en vigencia una decisión adoptada por los gobiernos europeos para dar respuesta al aumento del flujo migratorio procedente de este país Sudamericano, decisión que continúa vigente hasta ahora, de la necesidad de tener un visado legal.