La densa columna de humo negro que emitían los restos de plástico y otros objetos altamente contaminantes al quemarse puso a los agentes de la Guardia Civil sobre la pista de una planta de desguace ilegal, que también funcionaba como taller de vehículos clandestino, escondida por la zona del polígono industrial L'Oriola, en las afueras de Amposta, en el Montsià (Tarragona). El humo guio a la patrulla —que hacía un servicio rutinario— hasta unas instalaciones donde encontraron a una persona quemando material en el interior de unos bidones.
Por todas partes había restos de camiones y otros vehículos industriales, piezas de coches claramente desguazados y neumáticos desgastados amontonados. Dentro de la nave industrial también localizaron máquinas y herramientas que evidenciaban que el lugar funcionaba como un taller mecánico —como, por ejemplo, un elevador de coches y compresores. El problema era que el responsable de las instalaciones no pudo acreditar los permisos necesarios para llevar a cabo esta actividad. De hecho, los papeles que tenía correspondían a un tipo de empresa completamente diferente y no tenía ningún tipo de licencia municipal e incumplía diversos requisitos exigidos por las administraciones públicas.
Los peligros del taller ilegal
Aparte de las infracciones legales, la nave también suponía un grave peligro para la seguridad de las personas y un claro riesgo medioambiental. Tanto en el interior de este taller como en el exterior, los agentes detectaron una importante acumulación de aceite de vehículos, baterías de camiones, motores y piezas en desuso, lo que, sumado al hecho de que las instalaciones eléctricas y los sistemas de protección contra incendios no habían pasado las inspecciones reglamentarias, podía provocar un potencial incendio.
Los agentes de la Guardia Civil abrieron diligencias y extendieron varias actas de denuncia por infracciones administrativas relacionadas con la gestión de residuos, la seguridad industrial y la documentación para ejercer la actividad, así como con incumplimientos en materia tributaria y de la Seguridad Social. Algunas de estas infracciones pueden suponer sanciones económicas de hasta 300.000 euros.