Cuidado este año a la hora de comprar los ingredientes para cocinar la cena de Navidad. Una cooperativa ilegal se ha dedicado a introducir en los supermercados del Estado español marisco en mal estado, pescado por furtivos en la ría de Ferrol, en Galicia, y también en la costa de Portugal. Los berberechos, cangrejos, langostas y otros moluscos se almacenaban en piscinas que los miembros de la empresa tenían en su casa, con sistemas de depuración precarios, y posteriormente se vendían a terceros con documentación falsificada que les daba una apariencia de legalidad.

La Policía Nacional, junto con la Policía Marítima de Portugal y el servicio de guardacostas de La Coruña, han conseguido desmantelar este grupo criminal con la detención de 14 personas y el decomiso de más de una tonelada de marisco en mal estado que encontraron en ocho piscinas ilegales repartidas entre domicilios de Ferrol, La Coruña y Gafanha de Nazaré (Portugal), en los cuales también encontraron 79.000 euros en efectivo procedentes, de su actividad ilícita. La operación arrancó después de que la policía española tuviera conocimiento de que en la ría de Ferrol se llevaba a cabo pesca ilegal de marisco. No tardaron en identificar a los sospechosos, y las pesquisas posteriores confirmaron que se hacían pasar por una empresa legal para llevar a cabo su actividad.

Red de furtivos propia para proveer a la empresa

Las tareas de vigilancia y seguimiento destaparon que siempre eran los mismos pescadores furtivos -tanto españoles como portugueses- quienes extraían el marisco que facilitaban en la cúpula de la organización que se encargaba de almacenarlos y venderlos a los supermercados y otras empresas después de haber falsificado toda la documentación necesaria para esconder su ilegalidad. Por descontado, el producto no pasaba ningún control sanitario y las piscinas donde guardaban el marisco hasta la posterior venta estaban en condiciones muy malas que favorecía que se estropearan, poniendo en riesgo la salud de los consumidores finales.

Finalmente, se pudo reunir bastantes pruebas para pedir una orden judicial de entrada y registro en seis domicilios de los sospechosos, que fueron detenidos acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contra la flora y la fauna y de falsedad documental.