La familia de Julen Roselló, el niño de dos años que perdió la vida tras caer a un pozo el 13 de enero de 2019 en Totalán, ha exigido que el juez que envíe a prisión a David Serrano, el dueño de la finca donde ocurrieron los hechos, ante un nuevo impago de varios plazos de la indemnización a los padres, relata el Diario Sur de Málaga.
Irregularidades en la indemnización del caso Julen
Miles de personas lloraron el desenlace de la angustiosa y agónica operación contra reloj para encontrar a Julen. La Guardia Civil confirmó la muerte del menor el día 26 de enero de 2019, 13 días después de que cayera en un pozo de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad.
Padres de Julen / EFE
La muerte de Julen desembocó en el desarrollo de diversas hipótesis sobre las circunstancias de su muerte. La familia culpó a David Serrano, dueño de la finca donde se ubicaba el pozo. A su vez, Serrano culpó a los padres de Julen: "Yo no soy culpable de la muerte de ese niño, estaban sus padres, por muy impopular que sea", afirmó en su día, y alertó que los progenitores conocían perfectamente que había un pozo. Además, la defensa de Serrano inculpó a los Bomberos -por un presunto golpe con la piqueta en la cabeza de Julen que, según su versión, habría matado al menor-. La jueza desestimó el informe contra los Bomberos y rechazó pedir más pruebas.
Rescate de Julen / Cedida
Finalmente Serrano fue condenado en enero de 2020 a un año de prisión por un delito de homicidio por imprudencia. Dado que carecía de antecedentes penales y había asumido su responsabilidad en los hechos, la sentencia quedó suspendida, y con ella el ingreso en la cárcel, a condición de que saldara la responsabilidad civil y que no volviera a delinquir. La resolución le obligaba también a indemnizar a cada progenitor con 89.529,27 euros y a la Junta de Andalucía, por las obras realizadas para el rescate, con otros 663.982,45 euros, recoge Telecinco.
Serrano se declara insolvente, ingresos misteriosos y morosidad
El dueño de la finca se declaró insolvente. Serrano evitó la vista oral y llegó a un acuerdo de conformidad ratificado por el magistrado. Su gabinete de abogados consignó ante el juzgado 25.000 euros como signo de buena voluntad para alcanzar el acuerdo. La procedencia de ese dinero sigue siendo un misterio ya que los abogados de Serrano señalaron que el dinero fue facilitado por un empresario cuya identidad se desconoce.
El Diario Sur recuerda que en la sentencia el juez fijó en 50 euros el pago mensual que Serrano debía realizar para abonar el total de la indemnización. Durante 2020, el dueño de la finca pagó dos de las once primeras mensualidades y fue llamado a la atención. Después Serrano se puso al día el pasado diciembre tras ingresar 500 euros en la cuenta del juzgado.
Madre Julen / EuropaPress
Su abogado informó entonces de que el propio bufete había tenido que prestarle el dinero a Serrano porque no tenía ingresos suficientes. Pero el magistrado recordó a Serrano que los 50 euros mensuales que se le han impuesto constituyen una cifra irrisoria respecto del total de la responsabilidad civil y le advirtió de que, ante un nuevo incumplimiento, la decisión podía ser otra.
Sólo cuatro meses después, prosigue la misma fuente, el juzgado ha acordado iniciar nuevamente el trámite de revocación de la suspensión tras comprobar que Serrano ha incumplido desde el mes de febrero el pago.
Padres Julen / Europa Press
La familia de Julen aceptó el pago de una cuantía mínima de 50 euros como "prueba de buena fe", pero ante el incumplimiento del pago, que consideran grave y reiterado, solicitan que se revoque el beneficio de la suspensión y el inmediato ingreso en prisión de Serrano para cumplir la pena.