Los Mossos d'Esquadra han detenido a siete personas y buscan a una octava por participar en un entramado de empadronamientos fraudulentos de inmigrantes en Tortosa, en el Baix Ebre (Tarragona). Fue el Ayuntamiento de la localidad quien alertó al cuerpo policial después de que los responsables del padrón municipal detectaran posibles irregularidades en diferentes altas de empadronamiento. La policía catalana, con la colaboración de la Policía Local, empezó a hacer indagaciones e hicieron comprobaciones de los diferentes domicilios donde supuestamente vivían los nuevos empadronados. No obstante, rápido descubrieron que realmente no residían allí o que, incluso, las viviendas estaban abandonadas y no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.
Un pago de 800 euros para empadronarlos
Los investigadores detectaron que todo formaba parte de un entramado en el que se facilitaba la documentación o las autorizaciones a inmigrantes para poder formalizar los empadronamientos, a pesar de saber que en realidad no vivían allí. De hecho, algunos de los empadronados llegaron a reconocer que no habían residido nunca allí —uno de ellos solo había visto el edificio desde fuera— y que habían sido unos intermediarios quienes les habían contactado para ofrecerles darlos de alta en el padrón municipal a cambio de unos 800 euros. Además, también se pudo constatar que en la mayoría de empadronamientos, a pesar de ser de personas diferentes, siempre aparecía el mismo número de teléfono.
Para llevar a cabo los empadronamientos, se habían falsificado o manipulado contratos de alquiler para acreditar que vivían en los domicilios y no encontrar ninguna traba a la hora de efectuar el trámite. Según los investigadores de los Mossos, el objetivo detrás de todo ello por parte de los inmigrantes era disponer de una residencia ficticia a efectos administrativos y facilitar trámites relacionados con su permanencia y arraigo en el territorio.
Finalmente, se detuvo a siete personas, de quienes no se han facilitado edades ni nacionalidades, como presuntos autores de 23 delitos de falsedad documental, estafa y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Entre estos hay tanto los inmigrantes que pagaban para salir beneficiados como las personas que facilitaban los domicilios, falsificaban la documentación o acompañaban a los solicitantes a las dependencias municipales. Además, hay una octava persona implicada en estos hechos, pero no ha podido ser localizada y todavía no ha podido ser detenida.