La Policía Nacional ha detenido a 54 personas e investiga a 196 más por formar parte de un entramado que se dedicaba a constituir falsas parejas de hecho en Catalunya para que algunos inmigrantes, mayoritariamente marroquíes, pudieran conseguir los permisos de residencia. La investigación del caso, bautizado con el nombre de Octopus, se inició en mayo de 2025 por parte de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Melilla, quien detectó diversas irregularidades en algunas parejas de hecho que se habían hecho en Catalunya con falsedades tanto en los documentos notariales para acreditar las uniones como en los contratos de alquiler o los empadronamientos.
Pagaban hasta 12.000 euros por ser pareja de hecho
Según pudieron determinar los investigadores, más allá de los inmigrantes y de las personas con quienes se emparentaban, había todo un entramado detrás con captadores de ciudadanos españoles con quienes hacer la unión, falsos testigos para hacer el emparejamiento y facilitadores que hacían las gestiones necesarias para llevar a cabo el fraude. En este sentido, destacaba la participación clave de asesorías administrativas y diversos gestores que se encargaban de preparar y presentar los expedientes y las solicitudes.
Los ciudadanos extranjeros podían llegar a pagar entre 10.000 y 12.000 euros por estas uniones, de los cuales las personas con quienes se constituían como pareja recibían 2.000 y los testigos unos 500. El resto del dinero quedaba en manos de los facilitadores y los gestores. Aunque los ciudadanos españoles se captaban en Melilla, Madrid, Córdoba, Málaga y las islas Canarias, las parejas de hecho se formalizaban en Catalunya, especialmente en municipios de Barcelona y Girona, ya que era donde vivían los inmigrantes que querían conseguir los permisos de residencia.
Para hacer más creíble que se trataba de parejas reales, se utilizaban contratos de alquiler y certificados de empadronamientos falsos que acreditaran que vivían juntos. Los investigadores, de hecho, pudieron constatar que en varias de estas uniones se utilizaba el mismo domicilio para empadronarlos. Se acreditó que en total había 252 personas implicadas en estas estafas para favorecer la inmigración ilegal y se pudo detener a 54 en todo el Estado por los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, hay 196 personas más investigadas por estos delitos y dos que han prestado declaración en calidad de investigadas no detenidas.