La policía ha desarticulado una red criminal asentada en Catalunya que se dedicaba a engañar a mujeres de Sudamérica prometiéndoles trabajo dentro del Estado español, pero, cuando llegaban, las obligaban a prostituirse. La investigación comenzó el pasado mes de diciembre, después de que una víctima del entramado pusiera los hechos en conocimiento de los agentes. Los criminales —de los cuales han detenido a catorce en las comarcas barcelonesas y uno en las comarcas tarraconenses— no pagaban ningún euro a las mujeres, con la excusa de que tenían pendiente de saldar una deuda económica por el hecho de haberlas traído a nuestra casa. En el momento de la detención, los agentes liberaron a 24 mujeres.
A raíz de la denuncia presentada por parte de la víctima, la Policía Nacional confirmó que estaba ante un grupo criminal que contactaba con las mujeres a través de las redes sociales, anuncios de páginas web y de aplicaciones de mensajería instantánea y les ofrecía trabajo cuidando a personas mayores en el Estado español. Las víctimas, residentes en países de América del Sur y con condiciones económicas muy vulnerables, aceptaban la oferta y, cuando llegaban, descubrían que habían sido engañadas y estaban, sin quererlo, dentro de una red de prostíbulos clandestinos gestionada por la organización.
Deuda de 5.000 euros
Los miembros de esta banda criminal, según informa la policía, se encargaban de toda la logística para poder llevar a las víctimas a Catalunya. Entre otras cosas, compraban los billetes de avión, hacían las reservas de hotel, contrataban seguros médicos, facilitaban dinero en efectivo e incluso daban las instrucciones a seguir para poder entrar en el país, de manera legal, como turistas. Esto hacía que las víctimas tuvieran una deuda económica de 5.000 euros con los delincuentes, el cual iba reduciéndose a medida que, de manera forzada, se prostituían con los clientes de los prostíbulos clandestinos.
La organización fijaba las tarifas de los servicios sexuales de las mujeres, las controlaba y supervisaba todos los pagos que recibían. Además, en caso de que se negaran a prostituirse, o incluso mostraran intención de denunciarlo todo, las víctimas eran maltratadas psicológicamente, mediante amenazas contra ellas o contra sus familiares.
La red criminal utilizaba diferentes números de teléfono y se comunicaba a través de aplicaciones de mensajería instantánea para gestionar las visitas que recibían las víctimas, sus traslados y dirigir, también, los locales donde eran explotadas sexualmente las mujeres, ubicados en diferentes municipios de las comarcas tarraconenses y barcelonesas.
Detención
Finalmente, los agentes de la Policía Nacional, consiguieron liberar a 24 mujeres y detuvieron a quince hombres —catorce de ellos en municipios de Barcelona y uno en Tarragona, de quienes no se ha comunicado la nacionalidad— acusados de, supuestamente, formar parte de este entramado dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, favorecer la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública. Los investigadores registraron cinco prostíbulos y en el interior encontraron diversos aparatos electrónicos, como tabletas o teléfonos móviles, 116.720 euros en efectivo, un arma ilegal, drogas, pastillas de estimulación sexual y material relacionado con esta actividad ilegal, como por ejemplo contratos de alquiler de los locales donde estaban los prostíbulos, documentación o tiques bancarios.