El aumento de violencia entre bandas criminales en Suecia es cada vez más alarmante. Solo este septiembre han muerto una docena de personas, muchas menores de edad; la última víctima de esta "guerra abierta" entre delincuentes y narcotraficantes fue una mujer, muerta durante una explosión el jueves pasado. En un intento por parar la oleada de asesinatos que azota uno de los países más felices del mundo, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha anunciado la movilización de las Fuerzas Armadas. Ha prometido actuar "con todos los recursos necesarios", en un discurso este viernes que tenía como objetivo calmar la creciente preocupación ciudadana.
Los responsables de estos ataques son, según la policía sueca, bandas de narcotraficantes y otros grupos criminales que durante los últimos tiempos han empezado a reclutar a miembros cada vez más jóvenes; les dan armas e instrucciones para matar a miembros rivales, en diferentes ataques que pueden ir desde ejecuciones hasta ataques con explosivos, que muchas veces acaban con varios heridos y muertos como daños colaterales. Lo que más preocupa a los investigadores es la creciente tendencia entre los jóvenes de ofrecer sus servicios a estas bandas, por lo que los reclutamientos continúan al alza, a pesar del aumento de detenciones.
Posible reforma legal
Desde el Gobierno de Suecia también han anunciado el planteamiento de una reforma legal que permita una mayor implicación del ejército en la lucha que la policía mantiene contra los criminales desde hace años, ya que, según han admitido, las normas actuales "no están diseñadas para guerras de pandillas y niños soldado". Hoy por hoy, la colaboración de las Fuerzas Armadas consistirá en dar apoyo a la policía en tareas de vigilancia, logística y análisis, aunque los detalles concretos de sus funciones todavía no se han concretado.
Sobre la mesa también está el endurecimiento de las penas por violar las leyes que prohíben el uso de armas de fuego, más sistemas de seguridad y un recrudecimiento de las normas de deportación. Los más críticos con el gobierno de Kristersson, de centroderecha, aseguran que estas medidas no resolverán problemas latentes como la pobreza infantil y el poco apoyo económico a los servicios comunitarios.