El juzgado de primera instancia e instrucción 5 de Rubí ha archivado la causa contra los tres agentes de los Mossos d'Esquadra que estaban investigados por la muerte de un detenido en los calabozos de la comisaría de Rubí cuando se encontraba bajo custodia policial. Los hechos tuvieron lugar el 21 de agosto de 2022, cuando, según el auto de la jueza, el joven Brian Ríos fue detenido en la vía pública cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y en una actitud muy agresiva. Los agentes lo trasladaron hasta el CUAP de Rubí, donde un médico le suministró 0,10 mg de Midazolam y 0,25 mg de Sinogan, dos fármacos depresores del sistema nervioso central. Poco después, aunque estaba inconsciente, fue dado de alta y trasladado a comisaría, donde acabó muriendo horas después.
La autopsia practicada en el cadáver del detenido no decretó ninguna causa "determinante" de la muerte, aunque los forenses la describieron como una "muerte repentina en un contexto de ingesta abusiva de alcohol". Ante la jueza, los mismos forenses se han ratificado en qué no se pudo precisar la causa de la muerte y que la tasa de alcohol que presentaba la víctima no era lo bastante elevada para provocarla. Además, tampoco se le detectaron drogas en el organismo, más allá de las trazas de medicación facilitada por el médico. El cuerpo tampoco presentaba heridas, hematomas o fracturas que pudieran hacer pensar que había habido un exceso de fuerza por parte de los agentes de los Mossos que se habían encargado de su detención o su custodia.
El médico, acusado de imprudencia profesional
Por este motivo, la magistrada ha optado por archivar la causa contra los tres agentes de los Mossos investigados, mientras que considera que en el caso del médico hubo una posible imprudencia profesional, ya que le suministró sedantes y dejó que lo introdujeran en la celda inconsciente. Los forenses, al ser pequeñas cantidades, no pudieron acreditar que los medicamentos fueran la causa de la muerte, aunque recordaron el riesgo que supone mezclar fármacos con alcohol. Por su parte, la jueza también destaca que tanto las pruebas como las diferentes declaraciones de los implicados contradicen la versión del doctor, quien aseguró que cuando se dio el alta al detenido estaba consciente.
Uno de los enfermeros que le administró la medicación aseguró que Ríos se había dormido después de medicarlo y que seguía inconsciente cuando se le dio el alta. En este sentido, las cámaras de seguridad grabaron cómo salió del centro en silla de ruedas aparentemente dormido y entró en el calabozo de la comisaría en brazos de los agentes. Así pues, la magistrada ha decidido citar al médico a declarar como investigado "al encontrar indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave", hechos que pueden comportar entre uno y cuatro años de prisión, además de inhabilitación del ejercicio profesional por un periodo de tres años a seis.