Una anciana se enfrenta a una posible entrada en prisión tras ser descubierta cobrando la pensión por invalidez de un hombre muerto en 1980. Durante más de treinta años, la mujer se las ingenió con varios trucos y tramas para falsear la identidad del hombre y acabar amasando una fortuna de más de 200.000 euros. Ahora los tribunales madrileños buscan llegar al fondo del asunto, decidir si la acusada ingresa en prisión y si el banco o la Seguridad Social deberán afrontar la responsabilidad de varias negligencias.
El truco para timar 200.000 euros de una anciana
El engaño se descubrió en julio de 2013 en una sucursal de Bankia madrileña cercana a la plaza de toros de Las Ventas, donde una mujer iba cada mes a cobrar la pensión de jubilación por invalidez de un hombre que hacía décadas que nadie veía en el banco, recoge elDiario.es. Ella siempre acudía en nombre de él, alegando que su condición física no le permitía desplazarse, por lo que le había dado permiso por escrito para hacerlo en su nombre.
Bankia / Archivo
Sin embargo, la realidad era que el hombre llevaba muerto 33 años y que ella había seguido cobrando después de su muerte, llegando a una astronómica cifra de más de 200.000 euros cobrados de forma fraudulenta. Según el mismo diario, el caso ha sido ahora sentenciado en firme por el Tribunal Supremo, aunque quedan cabos por atar y resolver. Lo que de momento está claro es una condena de dos años de prisión y una multa de 900 euros a la mujer, que ahora tiene más de 80 años, por delitos de estafa y falsedad, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía reconociendo los hechos y pidiendo perdón.
Trabajadora social en un hospital psiquiátrico de Madrid
El pleito se ha desplazado ahora a la batalla entre Bankia y el Instituto Nacional de la Seguridad Social por la responsabilidad de las negligencias que permitieron a la estafadora cobrar durante tantos años. Los hechos juzgados se remontan a la juventud de la mujer, que era trabajadora social en el Hospital Alonso Vega, ahora Hospital Doctor Rodríguez Lafora, que estaba especializado en psiquiatría. Entre sus pacientes se encontraba un hombre que tenía una pensión por incapacidad absoluta desde 1977, según los documentos a los que ha accedido elDiario.es. Tras su muerte en 1980, la trabajadora social, con menos de 40 años, tomó el relevo y siguió cobrando su pensión.
Imagen de archivo de DNI / CME
Para ello requirió de varios trucos y chanchullos. Lo primero fue hacerse con el DNI del fallecido -caducado en 1979- y con su documentación, con la que abrió una cuenta bancaria en la sede de Caja Madrid de Las Ventas. Allí empezó a acudir con una autorización falsa en la que supuestamente el hombre le daba permiso para sacar el dinero en su lugar. Cuando el banco pidió más pruebas, como la fe de vida que se exige a ancianos como prueba de que siguen vivos, consiguió que en el propio Registro Civil le concediesen el documento sin necesidad de que el muerto acudiese.
Suplantar al muerto durante más de 30 años
Tras ser pillada, reconoció los hechos y pidió perdón, por lo que la Fiscalía y Seguridad Social rebajaron su petición de cárcel para facilitarle evitar la entrada a prisión: dos años de cárcel por estafa y falsedad, una multa de 900 euros y la obligación de devolver el dinero. De momento, ella ha aportado 20.000 euros y Bankia 37.600 más, informa el medio citado. Aquí entraba el intento de la Seguridad Social de declarar responsable civil subsidiario al banco para que tuviese que devolver una mayor parte a las arcas públicas, aunque el juzgado madrileño se negó y ahora el Tribunal Supremo lo ha ratificado. La decisión se basa en que no hay pruebas de que Bankia no pidiese pruebas suficientes, además de haber sido el propio Registro Civil quien emitió los documentos de fe de vida que usó la estafadora.
Por otro lado, la mujer, ahora octogenaria, ya contaba con antecedentes penales, aunque no se pueden aplicar, y su condena es de dos años de cárcel, que no tiene por qué cumplir obligatoriamente en prisión. Sin embargo, le quedan por devolver 150.000 euros que, de momento, no puede pagar, por lo que habrá que ver si esto provoca algún efecto en la ejecución de la condena.