Los Agents Rurals han denunciado a un hombre que se dedicaba a cazar de forma furtiva por el Baix Empordà (Girona) colocando trampas de forma indiscriminada por los parajes naturales. El individuo acabó descubierto por uno de los grandes peligros de este tipo de prácticas: que quien caiga no sea un animal silvestre. El pasado 28 de septiembre, una mujer que estaba paseando a su perra por los alrededores de la deixalleria municipal de Sant Feliu de Guíxols vio cómo su mascota acababa atrapada en un lazo que alguien había colocado en un sendero y alertó a las autoridades pertinentes.
Al recibir el aviso, varios agentes se desplazaron hasta el lugar y descubrieron que el paraje estaba lleno de lazos sin topes hechos con alambre o plástico. Además, vieron que todo estaba lleno de excrementos de conejos, así que dedujeron que el objetivo de la persona que los había colocado era cazar estos animales y otros pequeños vertebrados. Ante este hallazgo y la existencia de indicios de actividad humana reciente en la zona, ya dentro del término municipal de Santa Cristina d'Aro, se retiraron los lazos y se empezaron a hacer dispositivos de vigilancia para intentar averiguar quién los había colocado.
Quitan los lazos, pero aparecen de nuevos
Los efectivos de Agents Rurals, con agentes del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA), constataron que no se trataba de un hecho puntual, sino que el cazador actuaba de forma reiterada. Todos los lazos que habían ido quitando o dejaban inutilizados volvían a aparecer de nuevo en la zona. Finalmente, en uno de estos controles, se pudo localizar al presunto cazador y se le intervinieron 24 lazos ilegales. El hombre, conocido por su relación con la práctica de caza, quedó denunciado y el atestado se ha tramitado a la Sección de Medio Ambiente de la fiscalía provincial de Girona.
Desde Agents Rurals recuerdan que la utilización de este tipo de lazos es considerada una modalidad de caza no selectiva y está prohibida, de forma que se considera un delito contra la fauna. En este sentido, según el Código penal, puede comportar penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de caza y la tenencia y porte de armas. Uno de los peligros más grandes es que las trampas pueden afectar a cualquier especie que entre en contacto, también mascotas y fauna protegida.
