Un niño de 11 años, vecino del barrio de la Bordeta, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, hace dos meses que no va a clase. No porque no quiera, sino porque no puede. Dos años atrás, sufrió una agresión sexual por parte de un compañero durante unas colonias, según asegura la familia, que no supo nada hasta el pasado mes de febrero, cuando el menor se atrevió, finalmente, a explicarles lo que había pasado.
La familia no dudó ni un momento y comunicaron los graves hechos a la escuela Proa, donde estudian la víctima y el supuesto agresor. Desde el centro educativo activaron el protocolo de violencia en la escuela, a consecuencia del cual cambiaron de grupo al menor acusado de la agresión, como medida cautelar, para evitar que los niños coincidieran. A pesar de esta primera medida, la familia ha denunciado públicamente que, pocos días después, a finales de febrero, sin ninguna explicación, esta situación se revirtió y el supuesto agresor volvió a la misma clase que la víctima, según han detallado a Sants 3 Ràdio. A partir de aquí, el niño deja de ir al colegio.
Sin soluciones aceptables para la familia del niño agredido
Los Mossos d'Esquadra han confirmado a ElCaso.com que tienen conocimiento de los hechos, pero que, a nivel policial, de momento, no hay ninguna denuncia. Sin embargo, el caso ha llegado al Consorci d'Educació y a la Fiscalia de Menors, que fueron quienes informaron a los Mossos; desde la policía catalana se activó el servicio de mediación de la Oficina de Relacions amb la Comunitat durante una reunión entre los padres, la escuela y el Consorci. La solución que se dio a la familia fue la de cambiar de clase —o, directamente, de centro—, que lo escolaricen de manera telemática o, incluso, volver a compartir aula con el menor al que acusa de haberlo agredido.
Naturalmente, ninguna de estas opciones fue aceptable y el menor se vio obligado a abandonar el colegio, aterrado por tener que compartir espacio con su supuesto agresor. Por otro lado, el caso ha sido trasladado al Barnahus, la unidad integrada de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que, aseguran, está haciendo un seguimiento especializado.
La familia pide saber quién tomó la decisión de revertir la medida cautelar de cambiar al supuesto agresor de clase, a la vez que denuncian que el protocolo existente no se ha cumplido en su caso y exigen soluciones efectivas que permitan que el menor pueda volver a la escuela, en un ambiente seguro.