Nueva agresión a funcionarios de prisión en Catalunya, esta vez, de manos de la familiar de uno de los internos. Este domingo, 16 de agosto, una de las trabajadoras del centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), fue atacada por una mujer que venía a visitar a uno de los presos. El incidente se registró cuando pasaban 20 minutos de la una del mediodía, en la zona de comunicaciones del mencionado centro.
Según han denunciado desde el sindicato SICAP-FEPOL, la funcionaria pidió a la familiar de uno de los internos que esperara un momento antes de usar el ascensor para dejar pasar primero a otros visitantes de más edad y movilidad reducida. En el momento en que la trabajadora dio la espalda a la mujer, esta soltó a su hijo de dos años que la acompañaba y se abalanzó sobre ella. La agresora empezó a golpearla y a arañarle el rostro, los ojos y el pecho, a la vez que le arrancaba mechones de pelo y la mordía en el antebrazo y en la cara.
Otro funcionario activó inmediatamente el código de seguridad e intentó separarlas. La violencia del ataque, sin embargo, hizo necesaria la intervención de varios trabajadores que tuvieron que reducir a la atacante usando la "fuerza mínima indispensable" para poner fin a la agresión, según han explicado desde el sindicato.
Un visitante de edad avanzada también resultó herido
Además, un hombre de 86 años, visitante que también venía a ver a un familiar interno en Brians 2, intentó ayudar a la funcionaria y también quedó herido a consecuencia de la brutalidad del ataque de la mujer. El hombre sufrió una mordedura en una mano por la que necesitó asistencia médica. Durante toda la intervención, la visitante no dejó de escupir e insultar a los funcionarios que intentaban aplacarla, y también profirió amenazas de muerte contra la trabajadora agredida. Finalmente, agentes de los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de la agresora.
Según el sindicato, esta agresión "es una nueva demostración de la vulnerabilidad en que trabajan los profesionales penitenciarios y de la falta de una política efectiva de prevención, protección y respuesta ante las agresiones" y exigen "dotaciones suficientes, protocolos específicos, espacios seguros, asistencia jurídica inmediata y una respuesta penal y administrativa contundente ante cualquier agresión".