Los Mossos d'Esquadra han desmantelado este lunes una macroplantación de marihuana con más de 4.100 plantas escondida en una zona boscosa de Prades, en Tarragona. Los agentes encontraron en los alrededores a los responsables de la plantación, dos hombres, de 29 y 31 años y nacionalidad albanesa, que habían montado un campamento con tiendas de campaña para vigilar el entorno las 24 horas del día. Los dos han quedado detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, y está previsto que pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus durante este martes.
El patrullaje llevado a cabo durante los últimos tiempos por las unidades de seguridad ciudadana permitió obtener información sobre una posible plantación de "maría" escondida en el municipio de Prades, en concreto en una zona de bosques ubicada dentro del Espacio de Interés Natural de las Montañas de Prades. Así pues, los Mossos d'Esquadra de las comisarías de Reus, Falset y Cambrils, decidieron montar un dispositivo especial de intervención que el lunes se ha dirigido a la zona, donde han conseguido destapar la plantación.
Una macroplantación con una rentabilidad de 2 millones de euros al año
Los traficantes deforestaron una gran área de bosque para poder instalar la plantación. Por este motivo, los dos detenidos están acusados también de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La infraestructura de la plantación contaba con cuatro bancales, dos balsas para la recogida de agua para poder regar las plantas y una zona destinada a secar los ovillos, además de un espacio habilitado por las tiendas de campaña donde dormían los arrestados.
En total, los agentes han contado 4.108 plantas, casi todas de una altura entre 1,5 y 2 metros y en un avanzado estado de floración, así como 18 kilogramos de ovillos que calculan tendrían un valor en el mercado ilegal de cerca de 108.000 euros. Pero la capacidad de producción de la plantación estaba muy por encima de este valor, llegando a producir marihuana por un valor de 2 millones de euros al año. La policía catalana, teniendo en cuenta el difícil acceso a la zona, y previa autorización judicial, han destruido la plantación entera.