La Policía Nacional ha detenido a tres hombres, uno en Sabadell y los otros dos en Girona, acusados de consumir y distribuir una gran cantidad de material de pornografía infantil. En total, estos hombres, de 48, 61 y 66 años y nacionalidad española, difundieron más de 140.600 archivos de niños y niñas y, en algunos casos adolescentes, en los que aparecen siendo agredidos sexualmente. Dos de los arrestados son hermanos y vivían juntos en el mismo piso, donde los agentes encontraron 53 aparatos electrónicos utilizados para almacenar los vídeos y las fotos de los abusos.
Los delincuentes fueron detectados gracias al trabajo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, quienes, mientras hacían tareas de rastreo en Internet, detectaron varios usuarios que enviaban archivos sospechosos en masa, que resultaron ser imágenes de pornografía infantil, que ponían a disposición de otros internautas a través de aplicaciones tipo P2P (Peer to Peer) que más adelante descargaban en sus ordenadores o teléfonos móviles.
Miles de archivos compartidos con otros pedófilos
Después de identificar a los presuntos criminales, la Policía Nacional pudo rastrear su ubicación hasta la cocapital del Vallès Occidental, en Barcelona, así como Girona, y solicitaron al juez sendas órdenes de entrada y registro de los inmuebles. En el domicilio de Girona, donde vivían los dos hermanos, los agentes encontraron siete ordenadores portátiles, 23 tarjetas de memoria, diez dispositivos USB, dos discos duros, cuatro tabletas, cinco cámaras de vídeo y una de fotos, un teléfono móvil, unos prismáticos y recortes de revistas con fotos de menores. Se les pudo relacionar con la distribución de más de 85.600 archivos.
En la segunda entrada, en Sabadell, los policías confiscaron un portátil con un disco duro externo, en los que guardaba miles de archivos de pornografía infantil, sobre todo de niñas de entre 11 y 14 años. Aparte de eso, pudieron comprobar que había difundido más de 55.000 vídeos y fotos por Internet. Este hombre quedó inhabilitado por el juez para desarrollar cualquier actividad que comporte contacto regular y directo con menores de edad.