Sergio Ovalle tenía 83 años cuando ingresó en marzo del 2016 en una residencia gerontológica de Mieres (Asturias). Su estancia en el centro a penas se alargó un mes. El anciano murió la madrugada del 3 de mayo en la habitación número 134, solo y lleno de vómito. La doctora de urgencia que se desplazó hasta las puertas de la residencia no pudo evitar el trágico final porque nadie le abrió la puerta.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo ha sentado en el banquillo de los acusados a tres trabajadores del geriátrico de Mieres por la muerte de Sergio. La fiscalía imputa a Alfredo Ramón V., Silvia C. y Sonia Fun un delito de homicidio imprudente por no prestar atención a la evolución del residente, que ya presentaba notables indicios de empeoramiento, y por no permitir el acceso a la médica por un fallo eléctrico en el portón.

Vómitos

La noche del 2 de marzo, los tres acusados se encargaban del turno de noche en la residencia. Tenían a su cargo a un total de 126 residentes, entre ellos a Sergio. El enfermero que había atendido al anciano los últimos días les advirtió de que le hicieran un seguimiento especial, ya que el hombre llevaba varios días con vómitos.

Ramón visitó a la víctima sobre las once de la noche. Su estado no había empeorado así que el acusado no volvió a pasar por la habitación 134 hasta poco antes de las dos y media de la madrugada, cuando se lo encontró vomitando. Los empleados decidieron llamar a la médica de guardia en torno a las 2:23 y esta se presentó al cabo de una hora para valorar el traslado del anciano al centro médico.

Veinte minutos

Una vez en la puerta de la residencia, la doctora llamó varias veces por el interfono sin obtener respuesta. La médica probó de llamar al teléfono de la residencia y el taxista que la había llevado hasta allí tocó el claxon en varias ocasiones. Después de casi 20 minutos sin conseguir que le abrieran la puerta, la facultativa se fue a atender a otros pacientes.

"El portón de la residencia no funcionaba, por lo que fue imposible abrir a la doctora", aseguró este lunes en el juicio Ramón. Según recoge El Correo, el acusado señaló ante el juez que los teléfonos inalámbricos que abrían la puerta no respondían y que desconocía el manejo manual del acceso, pese a llevar más de una década trabajando en el geriátrico.

La llave

Sin embargo, tanto el gerente del centro como el encargado de mantenimiento -citados como testigos en la vista- explicaron que en el protocolo de actuación del centro se especifica la existencia de una llave allen que abre el portón y que todos los empleados conocen. El segundo incluso afirmó haberle enseñado a Ramón como utilizar dicha llave en caso de emergencia.

La fiscalía y la acusación particular coinciden en pedir un año y seis meses de prisión por un delito de homicidio imprudente y una indemnización de hasta 75.000 euros para los familiares de la víctima. Además, el Ministerio Público solicita el pago de una multa de 2.400 euros en considerar que los hechos son constitutivos de un delito de denegación de asistencia sanitaria.