El jurado popular del juicio del caso Gabriel ha decidido que Ana Julia Quezada es culpable de un delito de asesinato con alevosía por la muerte del pequeño Gabriel Cruz. El veredicto de las siete mujeres y los dos hombres que han formado parte de este tribunal considera que la autora confesa del crimen mató al niño de ocho de forma repentina y intencionada, valiéndose de su superioridad física y sin posibilidad de defensa y reacción.

Prisión permanente

Así lo ha determinado el jurado popular que ha deliberado sobre las pruebas presentadas contra ella en el transcurso de la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial en la que ha estimado acreditado también que Gabriel, quien "confiaba" en la acusada por ser una persona "íntimamente ligada" a su entorno familiar, "no tuvo posibilidad de defenderse ni de reaccionar", lo que aboca a Quezada a la prisión permanente revisable, tal y como solicita la Fiscalía.

La decisión está ahora en manos del juez, que determinará si Quezada debe enfrentarse a una condena de prisión permanente revisable -como piden tanto la Fiscalía como la acusación particular- o si cometió un homicidio por imprudencia grave o un homicidio doloso como pide el abogado de la defensa. De confirmarse la prisión revisable, Quezada sería la primera mujer sobre la que recaería esta controvertida pena en España.

Sin ensañamiento

En presencia de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor, y en audiencia pública, las siete mujeres y dos hombres que integran el jurado han considerado probado por unanimidad que, de acuerdo con los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) que practicaron la autopsia, "tras el impacto" la acusada "procedió con sus propias manos" a la oclusión de los orificios respiratorios "con fuerza, hasta vencer su resistencia y provocar su fallecimiento" por asfixia mecánica por sofocación.

El jurado popular ha descartado que Ana Julia Quezada, tal y como ha mantenido la acusación particular ejercida por los progenitores, aumentase de manera deliberada e inhumana el sufrimiento del niño al darle muerte y rechaza que haya pruebas que respalden que le diera "golpes, dejándolo aturdido" entre 45 y 90 minutos para después "taparle la boca y la nariz hasta llevarle a la muerte".

Lesiones

Igualmente, y en relación a la actuación de la acusada durante los once días que duró la búsqueda del menor en Níjar, el jurado considera probadas las presuntas lesiones psíquicas inflingidas a la madre, Patricia Ramírez, y al padre, Ángel Cruz, así como los daños morales que le imputa la acusación particular contra cada uno de los progenitores.

Más de 24 horas

Las siete mujeres y los dos hombres que han formado parte de este tribunal han alcanzado el veredicto tras haber permanecido más de 24 horas bajo secreta deliberación y haber valorado las pruebas con las que decidir si la acusada era o no culpable y en qué grado.

El jurado debía decidir sobre cinco hechos concretos registrados entre el día del crimen, que tuvo lugar en la pedanía nijareña de Rodalquilar el 27 de febrero y el día en el que se halló el cadáver del pequeño cuando la acusada lo transportaba en el maletero de su vehículo el 11 de marzo de 2018 en Vícar. Por un lado, debían determinar cómo se produjo la muerte de Gabriel en la finca de Rodalquilar y si Ana Julia Quezada tenía o no "intención" de quitarle la vida, actuando bajo un plan preconcebido.

Alevosía

En el trámite de conclusiones celebrado el martes, la fiscal solicitó prisión permanente revisable por un delito de asesinato con alevosía, pero descartó que Quezada actuase con ensañamiento ya que la prueba pericial de los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) no ha probado que aumentase de "forma inhumana el sufrimiento del menor".

Con marcadas discrepancias con respecto al relato de hechos que hace la Fiscalía, la acusación particular, que también pide prisión permanente revisable, sostuvo que Quezada es una "auténtica asesina" que "mató haciendo sufrir al niño" e incidió en el informe de médicos especialistas que apuntan, según afirmó, a que las lesiones encontradas en el cuerpo irían más allá de las propias derivadas de la muerte por sofocación y estarían ligadas a una agresión previa.

Homicidio

Por su parte, la defensa modificó su escrito por el que inicialmente solicitaba una pena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, de forma que, subsidiariamente, ha pedido que se tenga en cuenta una posible condena más gravosa, de 15 años, por un delito de homicidio recogido en el artículo 138.1 y 138.2 del Código Penal.